La Justicia concede excarcelación a tres represores

Tres represores platenses que cumplían prisión preventiva acusados de delitos de lesa humanidad recuperaron la libertad por orden de la Cámara Nacional de Casación Penal.

Así lo resolvió la Sala III del Tribunal, por considerar que "no existe presunción de que vayan a fugarse" ni tampoco de que puedan "entorpecer el curso de las investigaciones".

La medida data del 17 de diciembre pasado, en la misma semana en que la Sala II del mismo tribunal había concedido la excarcelación a los represores Alfredo Astiz y Jorge "El Tigre" Acosta, pero recién este martes transcendió en los Tribunales.

De esta forma, los represores Miguel Kearney, Rubén Oscar Páez y Jesús Bernabé Corrales, fueron excarcelados luego de efectivizarse la medida y de cubrir una caución de 75 mil pesos cada uno.

"La circunstancia que desde la fecha de los hechos que se le imputan al presente han transcurrido más de treinta años, no observándose acto alguno por parte del acusado que indique que durante ese largo período en el que se encontró en libertad hubiera realizado conducta alguna tendiente a sustraerse de la acción de la justicia, o entorpecer el curso de las investigaciones", fueron indicios que evaluaron los camaristas Guillermo Tragant, Ángela Ester Ledesma y Eduardo Rafael Riggi en su resolución.

En tanto, advirtieron que "mantener la actual situación de encierro vulnera los límites para el encarcelamiento preventivo en tanto se contrapone a las reglas de necesidad, subsidiariedad, proporcionalidad e intervención mínima a las que debe responder el mismo".

Kearney alias "El Inglés" actuó como jefe del Destacamento policial de Arana, entre febrero de 1977 y enero de 1979, lugar en el que funcionó un centro clandestino de detención, y está acusado de violación a los derechos humanos.

En tanto que Páez y Corrales, fueron ex jefe y subjefe de la Brigada de Investigaciones de La Plata, respectivamente.

Tanto el Destacamento de Arana como la Brigada de Investigaciones de esa Ciudad estaban bajo la órbita del comisario Miguel Etchecolatz, este último condenado a reclusión perpetua tras la caída de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Esta decisión judicial se da a conocer luego que semanas atrás la Sala II de la Casación ordene el cese de las prisiones preventivas que venían cumpliendo una veintena de represores, entre ellos Astíz y Acosta, puesto que ya se habían vencido los plazos de tres años que fija la ley como límite.

Si bien ese fallo fue revocado, la presidenta Cristina Kirchner acusó entonces a la Justicia por el lento avance de estas causas, mientras que la Corte Suprema anunció la creación de una unidad especial para el seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos y exhortó a los jueces inferiores a tomar medidas urgentes para acelerar los procesos.