La Justicia Federal definió que el Mega DNU no permite avanzar con la privatización del Banco Nación

Así resolvió el Juzgado Federal N°2 de La Plata. Según detalló el juez federal subrogante, Alejo Ramos Padilla, el oficialismo deberá disponer la privatización del banco a través del Congreso.

El fallo de la Justicia detalló que solo el Congreso podrá determinar una futura privatización del BNA.

La Justicia Federal le dio un nuevo revés al gobierno de Javier Milei. El Juzgado Federal N° 2 de La Plata, a cargo del juez federal subrogante Alejo Ramos Padilla, resolvió que, a pesar de lo establecido en el mega DNU, las normas actualmente vigentes no permiten la privatización del Banco de la Nación Argentina (BNA) y que para hacerlo es necesario que lo disponga el Congreso mediante una ley formal.

El fallo del Juez determinó que "el DNU 70/23 y la resolución 348 del Directorio del BNA no autorizan a modificar la situación jurídica de la entidad bancaria". La decisión llegó en el marco de una acción promovida por trabajadores de la entidad en representación de todo el colectivo del Banco.

El freno de la Justicia a la privatización del Banco de la Nación Argentina

Finalmente el Juez Padilla firmó el fallo que establece un límite para la privatización del BNA. Según detalló el juez, tanto el DNU 70/23 como la resolución 348 del BNA "no autorizan a modificar la situación jurídica de la entidad bancaria".

De esta manera, la sanción del Magistrado establece que, en caso de querer avanzar con la privatización de la institución, el oficialismo necesitará enviar y aprobar una ley en el Congreso. Solo de esta manera el gobierno libertario podría modificar la Carta Orgánica del BNA y transformarlo de un ente autárquico a una sociedad anónima.

Según el fallo de Padilla, solo el Congreso podrá definir el futuro del BNA.

Ignacio Petunchi

En la resolución judicial, se tuvo en cuenta la sanción de la Ley 27.742 (Ley de Bases), que en su proyecto original declaraba al Banco Nación como una de las empresas estatales sujeta a privatización. Sin embargo, y tras numerosas idas y vueltas, finalmente el BNA fue quitado de la lista promovida por el oficialismo.

En ese sentido, el juez sostuvo que “se evidencia entonces la voluntad del Congreso Nacional y de ambas Cámaras, al sancionar la ley de excluir al Banco de la Nación Argentina como entidad sujeta a privatización, producto de un debate generado en el ámbito político adecuado con intervención de múltiples actores y que excede la revisión judicial”.

Además, en los fundamentos, Padilla remarcó nuevamente que en el texto constitucional de la nación, la creación del Banco de la Nación Argentina le compete al Congreso Nacional. De esta manera, el Poder Legislativo es el único que tiene la facultad de revocar dicho carácter.

Mendoza aprobó la cesión de IMPSA

La provincia de Mendoza, gobernada por el radical Alfredo Cornejo, se convirtió en escenario de la primera privatización de la era Javier Milei. El pasado martes, el Senado mendocino aprobó un proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo que autoriza la transferencia de las acciones «Clase C» de IMPSA, actualmente en manos del Estado provincial.

El proyecto de ley ya tenía media sanción de la Cámara de Diputados, que debatió la privatización de IMPSA casi dos semanas atrás. Posteriormente, fue el turno de la Cámara alta de Mendoza, que aprobó el texto con 19 votos a favor y 16 en contra.

Mendoza es dueño del 21.4% del paquete accionario de la compañía. Actualmente, IMPSA cuenta con 720 empleados altamente capacitados y especializados en la industria energética.

Durante la sesión la senadora Ángela Floridia, presidenta de la comisión de Hacienda y Presupuesto recordó que en 2020 la empresa enfrentó serios problemas financieros debido a contratos fallidos con Brasil, Venezuela y Santa Cruz, lo que puso en riesgo tanto la estabilidad laboral como la continuidad operativa de IMPSA. Ante esta situación, fue el Poder Ejecutivo Nacional y Provincial - dirigido en ese momento por Cornejo - los que intervinieron con un plan de recomposición de la estructura de capital.

Durante la sesión, la legisladora explicó que el objetivo de la intervención estatal fue "temporal" y ahora el gobierno busca vender las acciones bajo su órbita. Sin embargo, la decisión de despojarse de las acciones del Estado también se explica por el pasivo superior a los u$s500 millones que los compradores deberán salir a negociar con los acreedores.

El proceso de privatización se remonta a comienzos de julio, cuando el gobierno nacional y el de Mendoza firmaron una carta de intención con la empresa norteamericana, ARC Energy, que comprometió una inversión de u$s30 millones para capitalizar a la exPescarmona. Ese proceso de negociación con la compañía estadounidense se produce en medio de una compleja situación económica que atraviesa la empresa que cuenta con más de 700 empleados.