a Libertad Avanza (LLA) decidió impulsar el juicio político contra la jueza Marta Elba Pascual, quien suspendió durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, que redujo la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
8 de septiembre 2026 - 14:20
La Libertad Avanza pidió juicio político a la jueza que suspendió el Régimen Penal Juvenil
El sector oficialista avanzó con un pedido contra Marta Elba Pascual, la magistrada que impulsó el fallo. Sebastián Pareja la acusó de actuar como “un peón del gobernador”, mientras referentes libertarios responsabilizaron a Axel Kicillof.
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La jueza que frenó el Régimen Penal Juvenil defendió su decisión: "Con esta ley no vamos a crear más seguridad"
LLA impulsa el juicio político contra la jueza que suspendió el Régimen Penal Juvenil.
Legisladores bonaerenses del espacio, acompañados por un equipo técnico, comenzaron a trabajar en una presentación contra la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora. La decisión judicial se produjo a solo dos días de la entrada en vigencia de la Ley N° 27.801.
El presidente de LLA bonaerense y diputado nacional, Sebastián Pareja, encabezó la ofensiva contra Pascual y sostuvo que la resolución buscó impedir la implementación de una norma aprobada por el Congreso de la Nación.
“Es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política. Está intentando frenar una ley votada democráticamente por el Congreso y que viene a resolver un problema que la sociedad viene reclamando”, explicó Pareja.
La Libertad Avanza pidió el enjuiciamiento de Marta Pascual
El dirigente libertario cuestionó los fundamentos utilizados para suspender el régimen y vinculó la resolución con lo que consideró una política favorable a quienes cometen delitos.
“Siempre van a encontrar una excusa que les permita liberar a los delincuentes. También lo hicieron durante la pandemia. Ellos no piensan en las condiciones materiales cuando se trata de las víctimas, sólo protegen a los delincuentes. Y la crisis que atraviesa la Provincia de Buenos Aires en términos de seguridad responde justamente a ese modelo”, agregó el Diputado nacional.
“Por eso, claramente debemos pedir su enjuiciamiento. Una jueza que actúa como un peón del gobernador no cumple con las características básicas que debe reunir un juez. No puede anteponer una mirada política a una ley demandada por la gente y votada en el Congreso de la Nación”, afirmó Pareja.
El presidente del bloque de senadores bonaerenses de LLA, Carlos Curestis, también cuestionó con dureza el fallo: “Esta decisión deja más que en claro de qué lado están: defendiendo al delincuente. La Justicia bonaerense lo único que logró con esta decisión es seguir garantizando la impunidad de los delincuentes. Los vecinos de la Provincia no podemos seguir siendo rehenes de un gobernador y una justicia que avalan y defienden al delincuente por encima de las personas de bien”.
LLA cuestionó el fallo que suspendió la ley durante 60 días
El titular del bloque libertario en la Cámara de Diputados provincial, Juan Osaba, calificó la resolución como un fallo político y confirmó que buscarán llevar a Pascual a juicio político.
“Es inadmisible que un fallo político de una jueza de Lomas de Zamora suspenda la ley penal juvenil dándole la espalda a las víctimas de delitos cometidos por delincuentes menores de edad. Acá no hay argumento que sirva. Es una ley aprobada por el Congreso Nacional y vamos a llevarla a juicio político por esta decisión", manifestó.
La controversia comenzó después de que el juzgado a cargo de Pascual hiciera lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.
La magistrada puso el foco en las condiciones materiales del sistema bonaerense y advirtió que la Provincia no disponía de la infraestructura y los recursos necesarios para afrontar un eventual aumento de adolescentes privados de su libertad.
La resolución suspendió preventivamente durante 60 días la implementación del nuevo régimen, período durante el cual las autoridades bonaerenses deberán informar cómo funcionará el sistema y cuáles serán los recursos disponibles.
Qué dijo la jueza que frenó el Régimen Penal Juvenil
Después de las críticas, Pascual explicó públicamente los motivos de su decisión y aclaró que su planteo no estuvo dirigido contra la reducción de la edad de imputabilidad a los 14 años. “Soy del Conurbano, y con esta ley no vamos a crear más seguridad”, sostuvo durante declaraciones radiales.
La jueza explicó que su principal preocupación estuvo relacionada con las condiciones en las que permanecerían los adolescentes alcanzados por la normativa.
“Un chico encerrado sin educación, sin oficio, sin terapia, llega a los 18 años y lo podemos mandar a una unidad carcelaria que funciona como una escuela de delito”, señaló.
Pascual sostuvo que, antes de ampliar el universo de menores alcanzados por el régimen penal, debían garantizarse establecimientos adecuados, personal especializado y recursos suficientes para implementar las medidas contempladas por la ley.
Frente a quienes la acusaron de mantener una posición garantista contraria al endurecimiento del sistema penal juvenil, respondió: “Yo garantista soy de la ley y, además de la ley, quiero seguridad. Tengo hijos, camino todo el día por el Conurbano y quiero vivir tranquilamente”.
La Libertad Avanza responsabilizó a Kicillof
La suspensión también abrió un nuevo frente político entre el oficialismo nacional y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Desde LLA argumentaron que las deficiencias del sistema provincial terminaron convirtiéndose en uno de los fundamentos utilizados para impedir temporalmente la aplicación de la ley.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, apuntó directamente contra el mandatario provincial: “Aturde el silencio de Kicillof ante la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil. En la provincia si un delincuente de 14 años te mata para robarte, queda impune. Una vez más, el gobernador del lado del delincuente, nunca de la víctima”.
La senadora nacional Patricia Bullrich se expresó en la misma dirección: “En la Provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad. Y también tienen una Justicia provincial garantista que los deja libres”.
Osaba también responsabilizó al kirchnerismo y a la administración bonaerense por la situación del sistema: “Mientras haya kirchnerismo, habrá inseguridad. La Justicia bonaerense frenó por 60 días el nuevo régimen penal juvenil por una supuesta 'falta de infraestructura' de la propia Provincia. Nación endurece las reglas y la Provincia va a contramano, defendiendo al que roba”.
El conflicto por la implementación del nuevo régimen
La resolución judicial colocó así en el centro de la discusión las condiciones de los centros destinados a adolescentes en conflicto con la ley penal y la capacidad de la Provincia para incorporar a jóvenes de 14 y 15 años al nuevo sistema.
Mientras Pascual sostuvo que la suspensión tuvo carácter preventivo y buscó garantizar que existieran las condiciones materiales necesarias para aplicar la normativa, La Libertad Avanza interpretó el fallo como una decisión política que obstaculizó una ley aprobada por el Congreso.
El conflicto escaló ahora al terreno institucional con la decisión de LLA bonaerense de promover el juicio político contra Marta Elba Pascual, al mismo tiempo que el espacio profundizó sus cuestionamientos contra Kicillof por la situación de seguridad y las condiciones de infraestructura del sistema penal juvenil provincial.
