Antes de convocar, junto a su esposo y frente a piqueteros y militantes del PJ, al campo a una mesa de diálogo, Cristina de Kirchner activó a través de Alberto Fernández y Javier de Urquiza una negociación reservada con las entidades rurales que contempla una serie de concesiones pero que, en principio, no toca el capítulo referido a retenciones. Además, según lo fijó luego la Presidente, los contactos oficiales sólo se formalizarán una vez que el campo levante su lock out. Pero, a modo de tregua, el gobierno está dispuesto a otorgar entre 48 y 72 horas para que los dirigentes rurales convenzan a las bases, y sobre todo a los autoconvocados, de que liberen las rutas. Desdoblada, la negociación prevé subsidios, compensaciones y beneficios impositivos para los pequeños productores, y, para los grandes, una baja -más bien simbólica- de las retenciones en caso de que el precio de la soja supere los u$s 600. Como un gesto inicial, las entidades dejaron ayer de mencionar la eliminación de la última suba de retenciones.
Los edecanes piqueteros siguieron el acto detrás, pero cerca, de la presidenta: Luis D'Elía, Emilio Pérsico y Edgardo Depetris.
A las 14.30, Cristina de Kirchner se en claustró con su esposo, Néstor Kirchner, y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, en la quinta de Olivos a discutir el matiz y el contenido del discurso que, sobre al atardecer, usaría para convocar al campo a dialogar.
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Por la mañana y hasta pasado el mediodía, la Presidente siguió -por informes de Fernándezel rumbo sinuoso de la negociación reservada que el jefe de Gabinete y el secretario de Agricultura, Javier de Urquiza, entablaron con dos dirigentes rurales.
Los interlocutores con el campo fueron Eduardo Buzzi, de la Federación Agraria, y Luciano Miguens, de la Sociedad Rural. Trabajoso, áspero, el diálogo avanzó durante unas horas, pero a las 2 de la tarde, con los popes rurales reunidos en la sede de Coninagro, se empantanó.
La presidenta, detallaron las fuentes, se mostró más componedora que su marido. « Kirchner es petrolero, no entiende al campo. Cristina es más amplia», contó, anoche, un funcionario que recordaba «los esfuerzos que hizo De Urquiza» para hacerle cambiar a Kirchner su mala prediposición respecto al agro.
Pautas
Esas charlas sirvieron, sin embargo, para fijar las pautas de lo que asoma como una vía de solución, según especulaban anoche en Casa Rosada al conflicto de los chacareros. La tregua se sostiene, en esencia, sobre cuatro ejes:
No se discutirá, al menos en la primera etapa, sobre las retenciones móviles establecidas por el gobierno el 11 de marzo y que detonaron el conflicto agropecuario que lleva quince días. En un segundo turno, deslizaron los funcionarios oficiales, podría abrirse una mesa de discusión específica. «No tenemos margen para ceder en ese punto», avisaron, por vías diferentes, Fernández y De Urquiza. Tuvieron, a media tarde, una tibia señal: en el documento conjunto que emitieron las entidades, llamabanal diálogo y eliminaron del texto cualquier referencia a las retenciones.
El gobierno otorgará entre 48 y 72 horas para que las entidades logren desactivar los piquetes y cortes de rutas esparcidos por todo el país. El punto es altamente sensible: los jefes chacareros admitieron, preocupados, que «70% de los que están en los piquetes» no les responden y les costará hacerlos acatar la decisión de levantar los paros. De todos modos, había dos factores que podían ayudar a que los piquetes se licuen: por un lado, la presión cada vez más irreductible de los camioneros para que los dejen circular; por el otro, el « desgaste» de los que mantienen los cortes que llevan diez días en las rutas.
Con un plan diversificado y con concesiones por sector, el gobierno empujará un paquete de subsidios y compensaciones destinado a los pequeños productores. Por eso, se eligió como interlocutor a Buzzi, de la FAA, entidad que nuclea mayoritariamente a productores del interior que poseen extensiones reducidas y, en muchos casos, de rentabilidad acotada. Ese paquete incluirá subsidios en materia de transporte y fertilizantes -que tienen precios internacionales- y, aunque es todavía el elemento más difuso, ventajas impositivas para aquellos que elijan dedicarse a la explotación láctea o a la ganadería, es decir, «salgan de la soja».
Por otro lado, para tratar de contentar a los grandes productores, el gobierno le hizo llegar una oferta específica a Luciano Miguens de la Sociedad Rural. Se trata, en principio, de una concepción casi simbólica: consiste en modificar la escala de retenciones en el caso de que la soja supere los valores de 600 dólares la tonelada. Con el régimen actual, si la soja llega a 700 dólares, el impacto de los derechos de exportación trepa a 55%. A la Sociedad Rural la espantó otro dato: el grueso de las protestas kirchneristas la tiene en la mira.
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