Se reactivó el Congreso. Después de dos semanas de parálisis lógica, por el impacto histórico que representaron las aprobaciones oficialistas en el período de extraordinarias y por la conformación de comisiones, La Libertad Avanza (LLA) ya trazó sus prioridades para el escenario parlamentario, que incluyen la reforma a la ley de Glaciares, una propuesta propia de financiamiento universitario, una iniciativa para la propiedad privada y la ¿ley Hojarasca? Ante esa agenda, la oposición coincide en la necesidad de responder a una urgencia: la morosidad familiar.
La oposición encuentra en la morosidad familiar una agenda de unidad en el Congreso
Proyectos de representantes de cinco bloques confluyen con el objetivo de alivianar la carga sobre las economías domésticas.
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La Cámara de Diputados podría volver a tener sesión en la segunda semana de abril.
De manera progresiva y sin detenerse en los últimos 15 meses, los distintos datos sobre endeudamiento de los hogares registran cifras cada vez más angustiantes. Por caso, el Banco Central confirmó que la irregularidad en créditos familiares alcanzó un 10,6% en enero de este año, más de cuatro veces de lo relevado en noviembre del 2024, cuando el índice era de 2,5%. En detalle, entre diciembre del 2025 y el primer mes del 2026 los préstamos personales pasaron de una morosidad del 12% al 13,2% y el índice en tarjetas de crédito pasó del 9,3% al 11%. Un informe de la consultora 1816 propone que se trata del nivel de endeudamiento más alto de las últimas dos décadas.
Ese escenario es el que empuja, desde enero, a los legisladores de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Provincias Unidas y el peronismo provincialista (los más reacios a acompañar las propuestas del Gobierno) a impulsar distintas iniciativas para aliviar la deuda en los hogares. Más allá de la lectura coincidente, admiten que las conversaciones para consensuar un mismo proyecto se encuentran en estado inicial y que la distribución de las presidencias de comisiones, proceso en el que LLA se encargó de conservar las más influyentes, pueden inmovilizar cualquier intención opositora.
“Se están buscando los consensos aún no hay nada definido”, sintetiza un parlamentario justicialista para Ámbito, mientras que dentro del bloque de Unión por la Patria remarcan que, aunque los proyectos sean evadidos por la estrategia oficialista, “para nosotros lo más importante es que el tema siga en agenda para poder dar respuesta a la problemática. Obvio estamos abiertos a dialogar con otros”. Según pudo conocer este medio, las conversaciones trascienden las bancadas y se dan intercámaras, entre senadores y diputados.
Morosidad familiar: qué proyectos existen
Entre ambas Cámaras, se registraron siete proyectos que contemplan distintas estrategias para abordar la misma urgencia. En el Senado, quien introdujo la propuesta fue el santafesino Marcelo Lewandowski (Justicialista), cuyo texto busca establecer un límite mensual a los intereses de las deudas, sujeta a la Tasa Efectiva Mensual Vencida del Banco de la Nación Argentina, así como también a los intereses punitorios, cuyo tope será el 25%.
La primera iniciativa interbloques en Diputados fue la encabezada por el entrerriano Guillermo Michel (Unión por la Patria), en conjunto con miembros de Encuentro Federal y Natalia De la Sota (del unibloque Defendamos Córdoba). Su proyecto apunta a la creación de un "Programa de desendeudamiento de las familias argentinas" que implica una "línea de crédito directa del ANSES para jubilados, trabajadores, monotributistas y otros beneficiarios de planes sociales" cuyo objetivo es que se cancelen sus deudas "en condiciones menos desfavorables". El monto máximo del crédito es de $1.500.000 y en "condiciones normales de mercado" dispuesta en torno a la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR) más 10 puntos porcentuales.
Desde el mismo bloque, la bonaerense Natalia Zaracho y el porteño Itaí Hagman solicitaron la declaración de emergencia por dos años en materia crediticia de los hogares, impulsando que se adopten "medidas que contribuyan a aliviar la situación de sobreendeudamiento de las familias mediante auditorías, adquisición y reestructuración de deudas". En ese marco se crearía un Régimen Esencial de Desendeudamiento, que auditaría deudas y permitiría a las personas iniciar un plan de pagos cuya cuota no podrá superar el 30% de sus ingresos. Tres diputados del espacio acompañaron también el texto del porteño Santiago Roberto, que busca condonación de la deuda para personas con bajos ingresos, refinanciamiento del saldo y suspensión por 90 días de los procesos judiciales a deudores.
Otros 15 miembros de Unión por la Patria, encabezados por la bonaerense Roxana Monzón, elevaron una redacción para constituir el Programa Nacional de Alivio Financiero y Desendeudamiento Familiar, que se propone "facilitar la cancelación de pasivos de personas humanas y sus familias en situación de morosidad o riesgo de insolvencia" cuando se traten de artículos o servicios de consumo esencial. La propuesta pretende que las entidades y sociedades prestamistas deban "ofrecer a simple solicitud del titular la reprogramación de las deudas originadas".
Desde Provincias Unidas, los santafesinos Esteban Paulón y Pablo Farías se abocaron a la necesidad de modificar la Ley de Concursos y Quiebras, incluyendo a los deudores de créditos de consumo como sujetos "pasibles de protección especial" y limitando la posibilidad de embargar los ingresos de aquellas personas que recayeron en morosidad en un monto que deje sus ingresos por debajo de la línea de la pobreza. Finalmente, la bonaerense Marcela Pagano (Coherencia) presentó un proyecto integral de Ley Federal de Crédito Responsable y Desendeudamiento, que limita la posibilidad de endeudamiento, regula la publicidad crediticia, crea un sistema de alerta temprana con la infraestructura de finanzas abiertas y constituye un régimen transitorio y extraordinario de desendeudamiento.





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