La Presidente enviará al Congreso una nueva Ley de Radiodifusión

La ley vigente rige desde el último gobierno militar.

El anuncio de la presidente Cristina Kirchner de enviar al Congreso una nueva Ley de Radiodifusión que reemplace a la actual, vigente desde 1980, volvió a poner en el centro de debate un tema ríspido.

"Yo quiero decirles que (...) enviaremos al Congreso todos aquellos instrumentos que las épocas y los tiempos exigen. Algunas viejas deudas también de la democracia argentina, como la reforma de la Ley de Radiodifusión, el cambio definitivo de eso, vieja deuda de la democracia", aseguró Cristina Kirchner.

Si bien habló de reforma, el Gobierno tiene avanzado un proyecto para la implementación de otra ley, según confirmó el titular del Comfer, Gabriel Mariotto.

La jefa de Estado había impulsado en 2008 la modificación de la norma aunque luego el oficialismo congeló la iniciativa por considerar que era el "momento político" para ingresar al Parlamento un proyecto de esas características, luego de la tensión generada por el proyecto de retenciones móviles.

En abril pasado, antes de que el Gobierno imaginara el desgaste y las complicaciones que derivarían del conflicto con el agro, la jefa de Estado presentó formalmente el proyecto oficial sobre la nueva Ley de Radiodifusión.

El eje central de la norma está puesto en el "rol activo" del Estado para "garantizar la pluralidad informativa", aunque también se enfoca en el control del espectro y la adecuación a las nuevas tecnologías.

Tras ese anuncio, siguieron reuniones del Comité Federal de Radiodifusión con distintos sectores, entre ellos, la CGT y la Iglesia católica, quienes dieron su aval a la norma.

El principal argumento del Gobierno para renovar la normativa que regula el funcionamiento de lo medios es su "antigüedad", ya que la ley 22.285 fue reglamentada en 1980 durante la última dictadura militar, con claras intenciones de controlar todo lo que se ponía al aire y con fuertes tendencias hacia la concentración.

Los proyectos que maneja el oficialismo contemplan medidas resistidas por los empresarios, como la reducción en el número de licencias que una empresa o grupo puede poseer (actualmente 24), así como el plazo de concesión (extendidas por diez años en el inicio de la gestión de Néstor Kirchner).

Además, la iniciativa del Gobierno contemplaría el establecimiento de la intangibilidad de las licencias otorgadas por el Estado para que no sean transferibles; la regulación de la cantidad de publicidad en canales abiertos y de cable; el establecimiento de pautas para la transmisión de producción nacional y local, entre otros puntos.