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Juan José Aranguren.
Por ING. JUAN J. ARANGUREN - MINISTRO DE ENERGÍA Y MINERÍA
A pesar de lo declamado, seguimos dependiendo de los combustibles fósiles que representan el 87% en nuestra matriz energética y se hizo poco para favorecer a las energías renovables, al uso racional de la energía y la protección del ambiente.
Por ello, me interesa contestar el artículo mencionado, en el que se hace eco de otro artículo publicado por el Observatorio OETEC que dirige el bioquímico Federico Bernal, excontratista del ministerio y de algunas empresas dependientes de éste, porque contiene datos equivocados y llega a conclusiones totalmente falaces.
Cuando recibimos el Gobierno en diciembre, nos encontramos con un contrato precario en ejecución, financiado por bancos chinos y adjudicado a una Unión Transitoria de Empresas conformada por la empresa china Gezhouba y las locales Electroingeniería e Hydrocuyo.
Ese contrato adolecía de graves defectos, omitidos o tergiversados por el exministro, que hacían inviable su continuidad en esas condiciones. Entre ellos:
1. Turbinas de más
Las represas fueron contratadas sobre la base de un proyecto incompleto que no definía el total de obra civil a construir. Era un proyecto de dos centrales de generación eléctrica para enviar energía a ninguna parte. ¿Suena conocido?
La condición de funcionamiento simultáneo de las 11 máquinas originalmente proyectadas era imposible por las características propias del río Santa Cruz; no hay en él caudal suficiente para ello.
Para el lector no especializado, el exministro busca impresionar comentando sobre la reducción de la potencia, pero nada dice de lo que realmente cuenta, que es la energía generada por las centrales en un año. Con la configuración contratada por la administración anterior las centrales hubieran generado 5.000.000 de megavatios hora por año. Con la configuración actual, habiendo eliminado las tres máquinas que sobraban, ambas centrales generarán igualmente 5.000.000 de megavatios hora por año. La misma energía generada, pero con menor inversión y, por lo tanto, con ahorro de los dineros públicos. Es obvio que el exministro ha confundido maliciosamente potencia con energía.
2. Impacto ambiental
Otro de los problemas graves del proyecto original, que el exministro omite en su artículo, tiene que ver con el estudio de impacto ambiental de las represas. El estudio fue realizado en forma "expeditiva", sin completar la línea de base ambiental y con serias deficiencias técnicas, que ahora se encuentran en proceso de subsanación. El proceso utilizado se valió de una audiencia pública que tuvo lugar el 9 de diciembre de 2015 (el día anterior a la asunción de un nuevo gobierno, ¿casualidad?).
Creemos que el proyecto actual, con las modificaciones que se han introducido, es ambientalmente viable y atiende adecuadamente los cuestionamientos planteados.
Hemos realizado un estudio con expertos independientes que han concluido que la reducción de las máquinas y de la cota de la represa superior permite certificar el "desacople" del emprendimiento con relación al lago Argentino y los glaciares.
La aprobación de ese nuevo estudio de impacto ambiental se hará de acuerdo con lo que dictamina la ley, incluyendo nuevas audiencias públicas y otras formas de participación ciudadana que se crea conveniente. Completados esos estudios, se podrán iniciar las obras mayores que son parte del proyecto.
3. Dueño "equivocado"
El exministro en su artículo menciona que "la Patagonia y la provincia de Santa Cruz pierden una fuente energética clave para profundizar su desarrollo". En realidad, omite mencionar que él y su ahora famoso secretario de Obras Públicas, José López, firmaron un acuerdo con la provincia de Santa Cruz que, al margen de lo dispuesto en la Ley Nacional Nº 15.336, usaba fondos federales aportados por los contribuyentes de todo el país para construir un emprendimiento cuya explotación se asignó a una sola provincia. La ley establece que cuando una represa de este tipo genera electricidad y está conectada al sistema eléctrico nacional (SADI), su explotación corresponde a la competencia del Estado Federal. O sea, el Estado Federal, que además en este caso construye las represas y pagará por ellas es quien debe recibir los ingresos por la venta de la energía generada. La provincia, según la ley, tiene derecho a percibir una compensación del 12% sobre los ingresos y disponer sobre temas de uso de aguas y espacios relacionados. La modificación del acuerdo entre la Nación y Santa Cruz ya fue negociado.
4. Dolarización forzada
Tampoco se menciona en el artículo del exministro que el precio de la obra, a partir de decisiones del exsecretario de Obras Públicas, había sido alcanzado por un mecanismo de dolarización que no se encuentra previsto en la normativa de obras públicas. En efecto, la redeterminación de costos en una obra pública debía efectuarse en función de lo dispuesto en el Decreto 1295/02 y en pesos. La exsecretaría de Obras Públicas, que dependía directamente del autor del artículo, modificó esas condiciones y autorizó a "dolarizar" el contrato, con un perjuicio potencial para el Estado nacional del orden de los 1.000 millones de dólares. Esta modificación se ha revertido con el ahorro correspondiente de los fondos para el erario público.
En conclusión, el proyecto de las dos represas sobre el río Santa Cruz está ahora claramente definido en sus características y en su alcance, se ha optimizado su diseño, y con ello moderado su costo, manteniéndose en su totalidad y sin disminución alguna, la energía aportada anualmente al sistema eléctrico nacional.
Por todo ello, consideramos que sólo diciendo la verdad podremos resolver la emergencia energética que heredamos, creada en gran medida por una política que había decidido esconder la realidad. Quien quiera oír que oiga.
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