El Gobierno aprobó un nuevo estatuto para el personal de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), que establece las reglas para el ingreso y desarrollo de la carrera de los agentes, los ascensos, las evaluaciones de desempeño y las sanciones disciplinarias, entre otros aspectos.
La SIDE tendrá un nuevo estatuto para sus agentes desde 2027
El Gobierno oficializó el nuevo régimen mediante el Decreto 1021/2026. Regula el ingreso, la carrera, los ascensos, las evaluaciones y el régimen disciplinario, además de establecer pautas para viajes al exterior e incompatibilidades laborales.
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La medida fue formalizada mediante el Decreto 1021/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, y reemplazará al régimen que regulaba al personal de Inteligencia desde 2003. La nueva normativa entrará en vigencia el 1° de enero de 2027.
Según los considerandos del decreto, el Gobierno sostuvo que la falta de un régimen estable dificulta la elaboración de un plan de carrera profesional y desalienta la incorporación de nuevos agentes. En ese sentido, planteó la necesidad de contar con un cuerpo profesional que trascienda la coyuntura política y estableció procesos de ingreso y promoción basados en criterios técnicos, éticos y profesionales.
El estatuto establece una carrera profesional para los agentes de la SIDE bajo los principios de idoneidad, igualdad, mérito, transparencia y profesionalización. La Secretaría deberá realizar convocatorias anuales para el ingreso a la Escuela Nacional de Inteligencia y la aprobación del Curso Básico de Ingreso será requisito para incorporarse a la carrera.
El nuevo régimen también divide al personal en tres cuadros, de acuerdo con su nivel educativo y profesional. El Cuadro A estará integrado por quienes tengan títulos universitarios o determinados antecedentes en las Fuerzas Armadas y de Seguridad; el Cuadro B corresponderá a quienes cuenten con formación terciaria; y el Cuadro C, a quienes acrediten estudios secundarios completos.
Los ascensos ordinarios estarán sujetos al cumplimiento de períodos mínimos de permanencia en cada categoría, capacitaciones obligatorias, evaluaciones favorables de desempeño y otros requisitos que serán definidos mediante normas complementarias.
Entre las obligaciones establecidas para los agentes figura el mantenimiento del más estricto secreto y confidencialidad sobre la información obtenida durante sus funciones. Ese deber continuará vigente incluso después de dejar el organismo.
Además, deberán someterse a las pruebas de competencia, confiabilidad e idoneidad, contrainteligencia y psicofísicas que determine la Secretaría, y cumplir con los cursos de actualización, formación e instrucción que sean requeridos.
El estatuto incorpora también reglas específicas para los desplazamientos del personal. Los agentes deberán informar los alejamientos superiores a 200 kilómetros de su lugar habitual de trabajo y solicitar autorización para viajar al exterior.
En cuanto a las incompatibilidades laborales, el régimen establece que los agentes no podrán prestar servicios para personas o empresas vinculadas con actividades de seguridad, defensa, inteligencia, ciberseguridad, comunicaciones, vigilancia, investigaciones privadas, periodismo, publicidad, estudios de mercado, encuestas o tareas similares.
La normativa también prohíbe revelar información conocida durante el servicio, utilizar documentación o antecedentes obtenidos por sus funciones en beneficio propio o de terceros y aceptar dádivas o ventajas relacionadas con sus tareas.
En materia disciplinaria, el nuevo estatuto contempla sanciones que van desde apercibimientos y retenciones de haberes hasta cesantías y exoneraciones. Los procedimientos estarán a cargo de la Inspectoría General de Inteligencia.
El régimen regula además las remuneraciones, licencias, becas de capacitación, jubilaciones y pensiones, y mantiene la afiliación del personal a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal.
El decreto señala como objetivo dotar al país de un Sistema de Inteligencia Nacional profesional, transparente, autónomo y ágil, además de fortalecer la confianza pública en su funcionamiento.
Hasta la entrada en vigencia del nuevo estatuto, la SIDE deberá implementar un régimen de transición para adecuar la situación de los agentes que actualmente trabajan en el organismo.
