La Tablada: sin libertad sigue huelga de hambre

Los presos por el asalto al cuartel de La Tablada comunicaron anoche que no levantarán la huelga de hambre que llevan hace más de 100 días a menos que el gobierno dicte su libertad inmediata. «Sin libertad inmediata no hay levantamiento de la huelga de hambre», le dijo el abogado de los terroristas Rodolfo Yanzón al viceministro de Justicia, Melchor Cruchaga. Eso paralizó el envío que había dado el gobierno en favor de un decreto de reducción de penas sin libertad inmediata o la ficción jurídica de crear una instancia de apelación también por decreto. De todos modos, Fernando de la Rúa dijo anoche por TV que «lo más posible es que dicte antes del viernes un decreto de conmutación de penas». Cuando le preguntaron si ese decreto supondría la libertad inmediata de los condenados respondió: «Eso lo sabrán cuando dé a conocer el decreto. Estoy leyendo la sentencia que se dictó, no quiero actuar con ligereza».

Justificó ese decreto en el pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de una nueva instancia de apelación y le reprochó al gobierno anterior haber desatendido ese reclamo del organismo internacional. Recordó además la crueldad del ataque terrorista y se quejó de que en el exterior hay una imagen deformada de los hechos. «Pero el reclamo de la OEA está ahí, nos guste o no, y no debieron tampoco desoírlo los legisladores ni la Justicia.»

Esa fue la respuesta que dieron los terroristas del MTP a los gestos del gobierno en las últimas 48 horas para promover una reducción de penas que permitiría la primera libertad de quienes fueron condenados a prisión perpetua por el atentado de 1989 recién a mediados del año 2002 o un decreto que invente esa segunda instancia. Esa movida tuvo ayer dos hechos notorios:

Primero la Cancillería dio a conocer el texto de la comunicación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington recomendando la adopción de medidas de carácter excepcional para que los presos tengan una nueva instancia de apelación que les impidió el juzgamiento por la Ley de Defensa de la Democracia.

Esfuerzos

La carta que firma Robert K. Goldman, comisionado relator para la Argentina por la OEA, felicita al gobierno por sus esfuerzos por cumplir la recomendación de que se cree la segunda instancia y lamenta que el Congreso y la Corte hayan negado ese trámite. También llama a los detenidos a interrumpir la huelga de hambre pero incita a que el gobierno firme un decreto que cree esa segunda instancia judicial (tesis que abona el ministro de Justicia, Jorge de la Rúa) o reduzca las penas (tesis defendida por Federico Storani). Cita, como informó este diario, el antecedente del caso Maqueda, cuya pena por el mismo caso le redujo Carlos Menem en 1994 dentro de una lista de delincuentes comunes.

Este comunicado de Washington lo publicitó con estridencia ayer el gobierno desde la oficina de Adalberto Rodríguez Giavarini pero lo conocía el gobierno desde la noche del martes, cuando lo leyó De la Rúa junto a los ministros de Justicia, de Interior y el canciller. Fue redactado por funcionarios de la OEA a pedido del gobierno argentino para tener un argumento externo que le permita facilitar la firma de un decreto que le impida al gobierno el drama de ser el responsable de una víctima por la cruenta huelga de hambre.

Segundo, Storani explicó exhaustivamente a la prensa en un cóctel que dio por el fin del milenio sus razones en favor de una conmutación de penas. Raúl Zaffaroni, hoy con un cargo en el ministerio de Storani, salió en auxilio de su superior y argumentó que la conmutación de penas «no es una cuestión de que salgan en libertad sino de reconocer que no se otorgó la doble instancia judicial. Si eso implica la libertad -remató- es algo que tendría que haber resuelto la Justicia y reglamentado los legisladores», sentenció el funcionario y abogado penalista.

Storani en esa charla con periodistas también calculó, a ojo de buen cubero, que ninguno de los detenidos podría salir en libertad antes de mediados del año 2002 si se les aplica, como cree él, una fijación de las penas de los condenados a prisión perpetua en los 20 años. Eso implicaría que cumplidos los 2/3 de esa pena desde 1990, y mediando la buena conducta, nadie saldría antes del 2002. Negó temer una cadena de motines de presos comunes que exigirían un tratamiento similar al de los terroristas. «Además no habría libertades inmediatas».

Apenas escuchó esto último, el abogado de los terroristas, Yanzón, levantó el teléfono y le dijo al radical de Adrogué Cruchaga: «Lo escuché a 'Fredi' y si las cosas viene así la huelga de hambre no se levanta. Libertad inmediata o nada». El abogado explicó que la situación ayer de los presos (seis en el Hospital Fernández, siete en el Santojanni) era gravísima. «Tomaban jugos pero ya toleran sólo el agua, se desconcentran. No sabemos si van a llegar al fin de semana.» Cruchaga le recordó que la Comisión de la OEA había pedido una segunda instancia, no libertades. Yanzón le replicó que cuando la OEA habla de «reparación», los condenados de La Tablada entienden «libertad inmediata».

Apenas cortó la comunicación Cruchaga le impuso de este diálogo a Jorge de la Rúa, que se lo contó a su hermano presidente. Ese dato volvió a poner en vilo al gobierno, que sigue arrinconado por los activistas en huelga por una situación que no provocó pero que al descuidar agravó hasta convertirse en el problema político más grave que tiene hoy la administración De la Rúa. Esa noticia congeló la mano de la Rúa, que había dejado correr en las últimas 24 horas las versiones sobre la inminente reducción de penas. Anoche el gobierno tenía la pelota en su campo con otro drama: jugó todo el impulso a una reducción de sentencias que rechazan estos terroristas que siguen admirados cómo a lo largo del año no han encontrado un solo contendor en el gobierno y han logrado un golpe de efecto muchísimo más eficaz hoy que el de un acto violento.