Lanzan plan de seguridad con los gobernadores

Desde la Casa Rosada, el gobierno comenzó anoche a citar a los distintos gobernadores para esta tarde, con el objetivo de anunciar, en el Salón Blanco, su demorado plan de seguridad en cuya elaboración trabajó un reducido grupo en el mayor secreto durante el fin de semana.

El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, que forma parte del reducido equipo de trabajo con el que Kirchner ultima los detalles del plan, aseguró que se trabajó todo el fin de semana en el tema pero no confirmó si llegarán a tiempo para darlo a conocer hoy, como se esperaba.

El gobierno, tanto nacional como bonaerense, sabe que debe mostrar que bajaron los secuestros, disminuyen los robos y no se mata gente, todo lo contrario estará mostrando un déficit que la sociedad no está dispuesta a soportar. Las marchas muestran que ya no se pide, se está exigiendo. Es decir que hay un tiempo, dentro del cual hay que mostrar resultados. De allí que el gobierno haya trabajado intensamente, para dar a conocer el demorado plan federal de seguridad, con el que busca dar una respuesta a los reclamos de la ciudadanía para enfrentar la creciente ola de delitos.

Sin embargo, algunas demoras en resolver cuestiones como el publicitado análisis de los legajos de un centenar de comisarios de la Policía Federal no ayudan. Crean incertidumbre, por la purga que se intuye, y desconfianza en quienes quedan. Ya en diciembre de 2001, después de haber asumido la presidencia Adolfo Rodríguez Saá, éste pasó por un tamiz todas las jefaturas policiales de la Federal. En aquel momento influían en la sospecha, como lo hacen hoy también, los dirigentes del Centro de Estudios Legales (CELS), para quienes todo aquel que lleva uniforme es sospechoso, aunque sea el de bombero. Fue muy comentado el violento enfrentamiento de la gente del CELS con el entonces jefe de la Federal, Roberto Giacomino.

El gobierno busca que el plan de seguridad sea «inte gral», es decir, que «aborde todos los problemas que el conflicto de la crisis de seguridad genera», señaló Fernández al ser consultado. Un plan que contendrá objetivos de corto, mediano y largo plazo. La idea del oficialismo es mostrarse activo frente a la creciente demanda de seguridad de la ciudadanía, que tuvo su epicentro en la masiva manifestación popular convocada por Juan Carlos Blumberg, padre del joven asesinado por sus secuestradores el 23 de marzo último. Esto se ha venido repitiendo con masivo apoyo popular en varios puntos del Gran Buenos Aires y se repetirá este jueves en el centro porteño para el reclamo a la Justicia.

El plan del gobierno abarcará básicamente iniciativas de tres ministerios para hacer frente al conflicto: Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, a cargo de Gustavo Béliz; Educación, con Daniel Filmus, y la Jefatura de Gabinete. En el caso de la cartera de Educación, se elaboró un programa para reinsertar en el sistema escolar a 200 mil adolescentes que no estudian ni trabajan, entre otras cuestiones.

Otro tema ya decidido en Seguridad Interior pasa por uniformar el sistema federal de comunicaciones, donde cada institución -Gendarmería, Prefectura y Policía Federal-aportaría su propio banco de datos criminales. Un tema que no insumiría grandes gastos, ya que se buscaría tener un sistema de banda ancha, interconectando todas las fuerzas.

Consultado, el Fernández porteño se negó a dar detalles del plan, pero se preocupó en descartar que las Fuerzas Armadas vayan a actuar en seguridad interna en el cumplimiento de tareas de la policía. «No va a haber ningún oficial o suboficial de las Fuerzas Armadas involucrado en el combate del delito. Primero, porque su preparación no tiene nada que ver con la seguridad interior», remarcó. Admitió, sin embargo, que el gobierno analiza un pedido de la provincia de Buenos Aires por apoyo logístico de las FF.AA. y predios militares para ser usados como cárceles, variante a la que también se sumaron Santa Fe y Entre Ríos.

En el «plan integral de seguridad» trabaja, como es habitual en esta gestión de gobierno, un reducido grupo que forman Kirchner, Fernández, Filmus, el secretario de Seguridad, Norberto Quantín; el ministro Béliz y el jefe de la Policía Federal, Eduardo Prados.