Las obras públicas irían al municipio

El plan de regionalización que surgió durante la anterior administración peronista y que reflota ahora Eduardo Duhalde prevé la unificación de la recaudación impositiva de las provincias que componen cada región. Además, el control de las obras públicas, como el resto de la actividad económica, estará a cargo de una junta de administración que instrumentará la marcha de la economía en cada una de las regiones.

El objetivo del proyecto, que elaboró el ex ministro José Roberto Dromi en 1997 para el libro firmado junto a Carlos Menem «Argentina por regiones», es que en la Argentina convivan tres estados sin conflictos. Habría así un Estado político federal, representado por la Nación y las provincias, otro económico menos descentralizado a través de las regiones y un tercero, administrativo, en cabeza de los municipios. En lo que hace a lo económico y administrativo, las nuevas regiones tendrían amplias facultades, lo que provocará más de un cortocircuito con los gobernadores. Así las competencias serán: participación regional en los programas económicos, administración de los servicios públicos, unificación de la banca oficial regional, control de los registros, ejercicio profesional, unificación de los organismos de recaudación en la región, obras públicas por regiones, regulación del transporte, regulación de puertos y vías navegables, vialidad regional, participación de la región en asuntos de comunicaciones y servicios postales, medio ambiente y parques nacionales, participación en comercio exterior y exportación, en mercados comunes, defensa regional de la competencia, acción conjunta de las fuerzas de seguridad.

•Control

Todo el accionar económico de la región se manejaría según ese diseño a través de dos programas anuales: uno económico y otro social.

La región se controlaría a través de una junta de gobierno, integrada por los gobernadores de las provincias, una junta de administración, formada por ministros de cada provincia, un delegado de la Jefatura de Gabinete y dos del PEN, y la Comisión Parlamentaria Regional, con 5 legisladores elegidos por la Legislatura de cada provincia y otros 5 por el Congreso Nacional. Para que esta organización entre en vigencia no sólo hace falta que se apruebe el proyecto de ley sobre el tema, sino también que en cada caso entre en vigencia el acuerdo entre las provincias que integran cada región. En realidad, toda la operación de puesta en marcha de la regionalización económica requiere, más que la aprobación de una ley, la firma de un acuerdo marco entre la Nación y las provincias luego de una discusión sobre el control de la economía en cada región. Es que un aspecto central de esta iniciativa es la profundización de la descentralización del Estado central, que sería el que más transferencias haría hacia las nuevas unidades a crearse. Algo parecido a la discusión de la coparticipación federal de impuestos que requiere la firma de un acuerdo marco antes de aprobar la ley.

En la concepción del proyecto de regionalización la idea de las intendencias es tan fuerte como la de las regiones. Se pretende devolver a los municipios el poder originario de administración que tenían en épocas de la colonia restituyéndoles el control de los servicios públicos locales y la ejecución de las obras del lugar. Para eso recuerda que la Constitución de 1994 dispone que la provincia debe asegurar la autonomía municipal. Este diseño se basa en el Dictamen del Consejo para la Consolidación de la Democracia sobre la Reforma Constitucional en 1986. Allí se afirmaba que «en términos generales se puede decir que las propuestas de regionalización efectuadas hasta el presente no se han manifestado realmente efectivas, especialmente los intentos a nivel nacional, ya que los interprovinciales en buena medida han logrado alcanzar sus objetivos».

Precisamente en esa línea es que el proyecto prevé que la regionalización puede alcanzarse a través de varios instrumentos. Además de la ley que es necesario aprobar, el proyecto reconoce jurídicamente los acuerdos interprovinciales existentes y las regiones que ya funcionan como tal. Por ejemplo, Patagonia o Gran Cuyo.

El proyecto prevé que se formen en el país 6 regiones económicas:

Andina: integrada por La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis con sede en la ciudad de Mendoza.

Norte: Catamarca, Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, con sede en la ciudad de Tucumán. Patagónica: Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, y Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, con sede en Santa Rosa.

Litoral: integrada por Corrientes, Entre Ríos y Misiones, con sede en Misiones.

Centro: Córdoba y Santa Fe, con sede en Rosario.

Bonaerense: Buenos Aires con sede en La Plata. Para la Ciudad de Buenos Aires se prevé la concreción de un acuerdo o tratado con la provincia para establecer otra región especial en el área metropolitana llamada «Del Gran Buenos Aires».