Las propuestas de Mestre para la reforma política

Hasta ahora, la discusión pasa por el plebiscito o la ley para la reforma política. Sin embargo, salvo el proyecto presentado a tratar en preferencia por el Senado -acuerdo entre gobierno y la oposición-, poco se sabe sobre el propósito de esta transformación. Un acercamiento a esa idea se puede obtener en la iniciativa que el ministro del Interior, Ramón Mestre, les ha enviado a cada uno de los gobernadores para tratar ese tema.

Tiene el texto una introducción planteando los conflictos de intereses partidarios, el marco institucional, la legitimidad y el rol de la democracia. Para evitar tensiones como las actuales, entiende el ministro que puede plantearse una recorversión que «salve la esencia republicana adecuando la forma y el contenido de ciertas instituciones de modo de garantizar funcionalidad y transparencia, que es lo que la ciudadanía requiere para reconocer la legitimidad de las mismas».

Advierte que en distintos momentos el país, ante situaciones presuntamente extraordinarias, declaró la emergencia (hospitalaria, sanitaria, ambiental, agropecuaria, carcelaria, económica). Y ese imprevisto luego se convirtió en estructural, citando como ejemplo el caso previsional donde ocurrieron sucesivas leyes y normas que trataban de resolver cuestiones y luego se convirtieron en génesis de nuevas crisis. O sea que se legisló de acuerdo con el pasado y no de cara al futuro, más que evitar consecuencias se intentó conjurar sus efectos.

De ahí se pasa al problema de que esas demandas específicas salvadas con recursos especiales no comprendieron la realidad de que el presupuesto es una variable inelástica. Así entonces se generó la discusión por los órganos de representación, su productividad social, la conductas de los miembros que las produjeron, el funcionamiento colectivo de cámaras, parlamentos y concejos deliberantes. Propone por este cuadro de crisis una reforma profunda que, a su juicio, pretende reencontrar variables internas de representación política, sustentabilidad económica y financiera; también consenso externo de legitimidad. Y, bajo la intención de lograr transparencia, les sugiere a los actores medidas concertadas que ofrece a continuación (algunas de indudable novedad como la referida al sector judicial). Estas son las propuestas de Mestre:

Unicameralidad de las legislaturas: El sistema legislativo en nuestro país está fuertemente cuestionado, lo que exige, al mismo tiempo, un esfuerzo de transparencia, eficiencias y legitimación del Congreso Nacional y, una modernización de las legislaturas provinciales.

Uno de los temas recurrentes en la agenda de la reforma política es la modificación de los sistemas parlamentarios provinciales, tendiendo a la simplificación procesal, la legitimidad electoral y la racionalidad de los recursos que se les asignan y su gasto.

• Necesidad

La discusión más difundida se centra en la necesidad de convertir a las legislaturas en órganos unicamerales, lo que erróneamente se vincula con una supuesta «necesidad» de bajar los costos de la política.

La unicameralidad, como propuesta no puede ni debe vincularse únicamente con cuestiones de caja, aunque la concentración de las funciones de apoyo a la tarea legislativa significará de hecho una mayor racionalidad del gasto. Este gasto, en el orden provincial no debe superar 1,6% del presupuesto.

La unicameralidad, es una opción de moderna concepción constitucional que se relaciona directamente con la agilidad del proceso legislativo, la representatividad de los legisladores y la simplificación de la vida electoral en cada provincia.

En nuestras provincias, sobre 24 distritos, 15 (Misiones, Río Negro, Tierra del Fuego, Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Santiago del Estero, San Juan, Santa Cruz y Chaco) tienen legislaturas unicamerales, mientras que 9 se definieron por la bicameralidad (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, Salta, San Luis, Catamarca y Corrientes).

• Sin distingos

Sin embargo, la opinión ciudadana no hace distingos entre el cuestionamiento a legisladores en unas y otras provincias.

Modernización judicial: Además de homologar los requisitos mínimos para acceder a la Magistratura y el Ministerio Público, se hace necesario un mecanismo que, sin afectar la independencia judicial, permita una revisión de habilidad periódica para los mismos, sobre la base de su desempeño. Se deben incorporar criterios de calidad, eficiencia y oportunidad mensurables en términos de cumplimiento de las normas de fondo y de procedimiento; estabilidad de las decisiones judiciales (confirmación o revocación en alzada); y agilidad en la tramitación.

Modificación de los sistemas electorales provinciales y nacional: Los sistemas electorales deben contribuir a mejorar la gobernabilidad, es decir, a incrementar la capacidad de gobernar de quienes ejercen por la vía democrática el poder. La relación entre sistema electoral y gobernabilidad pasa por los efectos que el primero puede tener sobre la estructura del sistema de partidos y sobre la capacidad de producir mayorías parlamentarias que sustenten el gobierno. En ese sentido, el sistema electoral debería ayudar, por un lado, a fortalecer el sistema de partidos, reduciendo la fragmentación, y por otro, a despolarizar el sistema para fomentar la cooperación interpartidaria y, por lo tanto, la creación de coaliciones. Asimismo, si el sistema favorece la creación de mayorías parlamentarias absolutas ello puede coadyuvar al mejoramiento de

las relaciones entre las instituciones del ejecutivo y legislativo. Finalmente, y a partir de la consecución de lo anterior, el sistema electoral puede llevar a mejorar el rendimiento de los gobiernos. Por estas razones el sistema de elección de los legisladores debe ser mixto, lo que permite a los partidos estar representados proporcionalmente según caudal electoral, y geográficamente por circunscripción y las elecciones deben celebrarse 4 años, renovando la totalidad de los miembros de la Legislatura. Sólo debería haber una reelección.

Financiación y funcionamiento de los partidos políticos: Las prácticas clientelares, entendidas como los comportamientos dirigidos a la apropiación, acumulación y manipulación de recursos públicos para la satisfacción de intereses privados, no llevan a la creación de instituciones políticas sólidas, debido a que esos actores están más interesados en la obtención de recursos que en la generalización de reglas legales. Ellos no buscan la promoción de un gobierno para los ciudadanos, sino que buscan aprovechar situaciones para beneficio personal. Bajo un sistema de estas características las instituciones representativas tienen pocas posibilidades de consolidarse, puesto que generan expectativas que no hallan sustento económico. La estructura interna de los partidos en este sentido es clave para entender los patrones clientelares que dominan la acción colectiva. La falta de transparencia y responsabilidad en el financiamiento y la ausencia de democracia interna en los partidos acentúan prácticas no sustentables. Un sistema de partidos consolidado puede hacer tres importantes contribuciones a la calidad de la democracia; 1) Incrementa la representación política; 2) aumenta la legitimidad; y finalmente, 3) facilita la gobernabilidad.

Refundación del gobierno local: Consagración de la autonomía sobre la base de la viabilidad económica del gobierno municipal. Se trasladarán competencias a los municipios en la medida que participen adecuadamente en la generación recursos para sostenerlos. Los Concejos Deliberantes deberán adecuar su composición, remuneraciones, recursos humanos, formas de funcionamiento y presupuestos a las pautas de sustentabilidad municipal no pudiendo superar 2,2% del gasto municipal.