Legislatura debatía anoche fin de tribunales de Faltas

La Legislatura porteña debatía anoche el proyecto de ley enviado por el gobierno de Aníbal Ibarra para crear una oficina de verificación de faltas que reemplazará a la Justicia Municipal de Faltas.

En un encendido y, por momentos, tedioso debate, en que se sucedieron los cuartos intermedios, los legisladores de la Alianza intentaron hasta último momento captar las voluntades necesarias para hacer caducar el funcionamiento de los Tribunales de Faltas. También estaban pendientes de resolución otros dos proyectos referidos al aumento de la velocidad en algunas de las principales arterias de la Ciudad, y el de reducción de los montos de las infracciones de tránsito por exceso de velocidad. El tratamiento de estas dos iniciativas pasaría para el jueves próximo, según adelantaron -al cierre de esta edición-fuentes legislativas.

El diputado Eduardo Valdés, del Frente Justicialista, castigó muy duro al oficialismo al expresar su convicción de que «se está condenando a la Justicia Municipal de Faltas por haber elaborado un fallo en contra del Gobierno de la Ciudad».

«Porque, convengamos -prosiguió- que fue la propia Alianza la que había decidido que el ámbito de competencia para las multas fotográficas eran los jueces de Faltas, hasta tanto se incorporaran los jueces contravencionales por concurso.»

Vilma Ripoll y Abel Latendorf también tuvieron escenas protagónicas al cruzar un fuerte y contundente intercambio de opiniones, en este caso con el diputado cavallista Atilio Alimena. Ambos legisladores tildaron de «desastre» al sistema fotográfico vigente, del cual afirmaron que «sólo persigue recaudar, antes que ordenar el tránsito».

Por su parte, Jorge Argüello y Miguel Doy, del bloque opositor Encuentro por la Ciudad, fundamentaron sobre «la necesidad de rever el sistema de detección fotográfica de infracciones, porque la práctica ha demostrado que es ineficiente, ya que las cámaras han sido instaladas con el exclusivo propósito de recaudar».

Desde la Alianza, Roque Bellomo fue el encargado de fundamentar por el bloque de la Alianza los términos del proyecto oficial, posición que fue reforzada por el demoprogresista Oscar Moscariello y la radical Gabriela González Gass.

Sustitutos

De aprobarse el primero de los tres proyectos, los actuales jueces de faltas serán sustituidos por un cuerpo de 50 abogados que tendrá la facultad de determinar la validez de las multas y de fijar los montos dentro de la escala estipulada por la ley.

Los abogados serán nombrados mediante un «sistema de selección objetiva con intervención de veedores externos» que implementará la Secretaría de Gobierno de la Ciudad, situación que fue criticada por algunos diputados, quienes exigieron que sean nombrados por concurso.

De aprobarse el proyecto, los vencimientos de las actas de infracción se suspenderán por 30 días, con una posible prórroga de 15 días más y durante ese período.

La denominada «ley Ibarra» dispone también que «cesen en sus funciones» los jueces de primera y segunda instancia de la ex Justicia Municipal de Faltas, que podrán optar por recibir una indemnización o ser reasignados para otra función dentro de la administración del Gobierno porteño. En algunos casos, esa indemnización alcanzaría hasta los 90 mil dólares.

Los Tribunales de Faltas ya estaban destinados a desaparecer y ser sustituidos por la nueva Justicia Contravencional y de Faltas, por mandato de la Constitución de la Ciudad, de 1996.

La decisión del Gobierno porteño de acelerar su disolución, prevista inicialmente para fin de año, surgió tras una semana cargada de polémicas por un fallo de la Cámara del Tribunal -ya revocado-, que consideraba ilegales y perdonaba el cobro de las fotomultas a los infractores.