Legislatura: escándalo por más nombramientos

Un nuevo escándalo referido a nombramientos de amigos y familiares se destapó en la Legislatura porteña, esta vez, con la gravedad que le agrega que el organismo denunciado sea la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires. Esa oficina -que debe rendir cuentas a los legisladores-es la encargada de revisar con inspecciones y elaboración de informes el cumplimiento de las normas y leyes que hacen a la administración y desenvolvimiento de las distintas áreas del Gobierno porteño. Como una paradoja, la Auditoría estaría violando la normativa con respecto al nombramiento de su personal. Según los legisladores de la Ciudad, que apro-baron el jueves un pedido de informes al respecto, el organismo de auditores que preside el peronista Vicente «Pipo» Brusca nombró más de 270 contratados a los que otorgó el beneficio de integrar la planta permanente de las oficinas, es decir, puestos vitalicios prácticamente de acuerdo con la legislación municipal, pero sin concur-so para ocupar los puestos como determina la Constitución y las leyes de la Ciudad de Buenos Aires.

Se le adjudicó la denuncia al radical Cristian Caram, a quien acusaron de obrar por un problema interno de radicales, que presuntamente partiría de que a su agrupación le habrían dado de baja contratos en otros puestos, pero a pesar de esas presuntas cuestiones domésticas, la mayoría de los legisladores consideró llevar el caso a la Junta de Etica del ex honorable Concejo Deliberante. El diputado Jorge Enriquez -quien está en campaña a jefe de Gobierno y apoya la candidatura de Ricardo López Murphy-impulsó una reunión que por más de cuatro horas se realizó ayer en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña. Allí acudieron los auditores a brindar explicaciones sobre cómo habrían ido contratando a distintos recomendados de políticos con lazos en la administración capitalina. En cambio, otros legisladores, como el presidente del bloque Frepaso, Marcelo Vensentini, opinó que los diputados acusadores parecían «la Madre Teresa», toda una revelación en un miembro del Frepaso, agrupación que hizo carrera sobre la base de cámaras ocultas y denuncias de todo tipo.

Durante la tenida entre auditores y legisladores éticos, Brusca explicó que se habían visto obligados a firmar la resolución que les otorga estabilidad casi eterna a los contratados, «ante la demora de la Legislatura en aprobar un nuevo estatuto para el organismo».

Enriquez le reprochó que «claramente en la Ley de Presupuesto para 2001 se estableció la obligación de concursos antes del 31 de marzo de ese año». La pelea parecía no tener fin con una platea en la que abundaban radicales, en contra de los nombrados a manos de peronistas, belicistas, frepasistas y también de la UCR.

Las condiciones que exige la Legislatura es que se abra el llamado a concurso y se deje sin efecto la resolución, lo que arranca la furia de los nominados que dicen ahora tener derechos adquiridos mediante esa norma interna. Para mediar entre las dos posiciones, se propuso que en los eventuales concur-sos, el personal contratado corra con ventaja, otorgándole un puntaje preferencial por su actual trabajo. De la nómina de empleados que cobran de $ 900 a $ 4.000 mensuales, 65% posee estudios terciarios, pero del resto no hubo aclaraciones sobre la preparación.