Durante la tenida entre auditores y legisladores éticos, Brusca explicó que se habían visto obligados a firmar la resolución que les otorga estabilidad casi eterna a los contratados, Enriquez le reprochó que
Las condiciones que exige la Legislatura es que se abra el llamado a concurso y se deje sin efecto la resolución, lo que arranca la furia de los nominados que dicen ahora tener derechos adquiridos mediante esa norma interna. Para mediar entre las dos posiciones, se propuso que en los eventuales concur-sos, el personal contratado corra con ventaja, otorgándole un puntaje preferencial por su actual trabajo. De la nómina de empleados que cobran de $ 900 a $ 4.000 mensuales, 65% posee estudios terciarios, pero del resto no hubo aclaraciones sobre la preparación.
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