Legislatura porteña: proponen prohibir autos particulares no habilitados en plataformas de viajes

La iniciativa busca actualizar el Código de Tránsito y Transporte sancionada en 2006. Tiene como objetivo reordenar el ecosistema actual, donde abundan vehículos particulares no registrados.

La inciativa, impulsada por legisladores de la oposición, propone regular las plataformas de viaje en la Ciudad. 

Uber

Un proyecto presentado en la Legislatura porteña promete generar polémica en la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa, impulsada por el diputado de Unión por la Patria, Alejandro Grillo, busca regular el servicio de transporte público de pasajeros, entre ellos, los de plataformas de viajes, para limitar los vehículos que pueden operar y prohibir la intermediación de autos particulares no habilitados.

El texto, que ingresó al Parlamento el mes pasado y que ya tuvo giros a las comisiones de Tránsito y Transporte, Desarrollo Económico, Mercosur y Políticas de Empleo, impulsa la actualización de la ley Nº 2148 que aprobó en 2006 el Código de Tránsito y Transporte en el distrito para regular acorde a los tiempos actuales, donde los servicios digitales han tomado preponderancia en el uso cotidiano.

Entre los argumentos, el proyecto afirma que la ley fue dictada "en un contexto en el que no existían las nuevas tecnologías de intermediación digital aplicadas al transporte individual de pasajeros". Y que su irrupción generó "la necesidad de modernizar el marco regulatorio, adaptándolo a las nuevas realidades de la movilidad urbana".

Desde que se sancionó la normativa, el contexto cambió. "La falta de actualización normativa ha derivado en múltiples problemas", afirman, como la proliferación de servicios informales sin control, conflictos judiciales de difícil resolución, condiciones laborales desiguales entre choferes, que se suman a la ausencia de criterios claros sobre la fiscalización de estas plataformas.

"Esta situación genera incertidumbre para los usuarios, para los trabajadores y también para el propio Estado, que no logra ejercer un control efectivo ni garantizar equidad en la prestación del servicio que las empresas de despacho de viajes, sólo podrán operar a través de vehículos habilitados como taxis o remises en la Ciudad", arguyen los firmantes, entre los que también se encuentra el legislador de UP, Juan Pablo Modarelli.

Buscan regular las plataformas de viajes en la Ciudad

La iniciativa establece que las empresas de despacho de viajes sólo podrán operar con "vehículos habilitados como taxis o remises" en el ámbito porteño. Y plantean la prohibición de la intermediación "con automóviles particulares no habilitados", con el objetivo de garantizar "la seguridad del usuario, la protección laboral y la competencia leal".

En el caso de los remises, la regulación vigente "resulta fragmentaria y desactualizada" por lo que el proyecto plantea incorporar "reglas claras sobre habilitación, seguridad, seguros y condiciones de prestación, que aseguren la transparencia y formalidad de un sector históricamente relegado".

En cuanto a los taxis, apuntan a una normativa que "reduzca cargas burocráticas innecesarias, incorpore herramientas digitales y simplifique trámites, sin afectar los derechos laborales ni la seguridad del servicio". En todos los casos, persiguen como objetivo "acompañar un proceso de cambio que ya se da en los hechos".

Otro de los puntos que argumentan para avanzar en la transformación de la ley es la reducción drástica de la cantidad de taxis en circulación como reflejo "del impacto de la competencia desleal como la necesidad de adaptarse a los cambios tecnológicos y a nuevas modalidades de consumo". "El sistema de remises, por su parte, también atraviesa una merma sostenida de agencias habilitadas, lo que evidencia un retroceso de la formalidad y la urgencia de una actualización normativa", señalaron.

En materia laboral, afirman que sólo podrán despacharse vehículos habilitados como taxis o remises, conducidos por choferes que se encuentren "bajo una relación laboral regida por la Ley de contrato de trabajo (LCT) y convenios colectivos correspondientes". Con ello buscan avanzar en la protección de los trabajadores.

Por otro lado, proponen que las empresas cuenten con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tributar ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y declarar los viajes iniciados en la jurisdicción. Mientras que en cuanto a control y transparencia cada viaje deberá registrarse en tiempo real en servidores administrados por el Estado.

También dispone fijar reglas para evitar posiciones dominantes, garantizando la pluralidad de operadores. Así como también tendrá que garantizarse al usuario información sobre tarifas, transparencia en los recargos por situaciones excepcionales, accesibilidad para personas con discapacidad, y trazabilidad digital en caso de conflictos o reclamos.

Además, en materia de sustentabilidad, promueve la "incorporación progresiva de vehículos de bajas emisiones", en línea con las metas ambientales de la ciudad.