Tres expedientes que tramitan la constitucionalidad de la Ley de Medios fueron enviados desde el Palacio de Justicia a la Procuración General de la Nación.
La Corte Suprema de Justicia envió a la Procuración General de la Nación el expediente que tramite la causa por la constitucionalidad de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para que la procuradora Alejandra Gils Carbó emita un dictamen, antes de resolver la cuestión de fondo.
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Según reveló el Centro de Información Judicial (CIJ), en la "reunión de acuerdo" celebrada este lunes, los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni, Enrique Petrachi y Carmen Argibay decidieron en "forma unánime correr vista a la señora procuradora en las causas en que se cuestiona la constitucionalidad de diversas disposiciones de la ley 26.522". Sólo el juez Carlos Fayt se ausentó de la reunión.
"Los expedientes son los autos principales caratulados G. 439.XLIX -REX- "Grupo Clarín SA y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ acción meramente declarativa"; el recurso de queja correspondiente a dicho proceso presentado por el Estado Nacional -Jefatura de Gabinete de Ministros-, identificado bajo registro G.445. XLIX- RHE; y el recurso de queja también correspondiente al mismo asunto, presentado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), identificado bajo registro G. 451. XLIX RHE", reveló el sitio de información de la Corte.
De esa forma, la Corte comenzó a intervenir sobre la "cuestión de fondo" que se discute en torno a la aplicación de la norma y, según consideró semanas atrás el juez Zaffaroni, el fallo definitivo del máximo tribunal "debería salir antes de las elecciones" legislativas de octubre.
La apelación del Gobierno respondía a que los camaristas Susana Najurieta, Francisco De las Carreras y Ricardo Guarignoni habían declarado inconstitucional una parte del artículo 45, en los puntos que limitan la multiplicidad de licencias de televisión por cable, al tiempo que fallaron contra el segundo párrafo del artículo 48, que sostiene que la propiedad de las licencias "no podrá alegarse como derecho adquirido".
De esta forma, resolvió que el Grupo Clarín podrá seguir siendo titular de todas sus licencias de cable, y el único límite que se le establece es no sumar más de diez licencias de aire y radio en todo el país, aunque esta condición no afecta sustancialmente al multimedio, por lo que no tendría mayores inconvenientes ante el vencimiento del plazo para desinvertir.
Sin embargo, el Grupo Clarín también apeló porque la Cámara declaró constitucionales otros artículos: el que restringe la transferencia de licencias (41); y el plazo de desinversión de un año -ya excedido- para grupos que superen el tope de la norma (161).
Hasta el momento, el planteo del Grupo Clarín contra la norma fue rechazado por el juez de primera instancia Horacio Alfonso y por los fiscales, tanto en primera instancia como en la Cámara, aunque los camaristas finalmente decidieron hacer lugar parcialmente al reclamo de inconstitucionalidad.
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