La Cámara de Diputados no pudo tratar ayer, como lo reclamaba el ARI de Elisa Carrió, un proyecto para derogar los indultos otorgados por Carlos Menem a los partícipes de la última dictadura porque el Frente para la Victoria se negó a dar el quórum necesario para debatir.
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El proyecto, que recoge los fundamentos de la iniciativa impulsada por la ex diputada Patricia Walsh, era visto por los organismos de derechos humanos como «una medida política» ante la desaparición de Julio López, uno de los testigos que declaró contra el represor Miguel Etchecolatz.
«No nos extraña que el oficialismo no esté aquí. Esto ya pasó durante mucho tiempo y así como lo hicimos durante años para anular las leyes de impunidad con el proyecto de Walsh, vamos a hacer todas las sesiones especiales que sean necesarias para anular los indultos», afirmó la arista Marcela Rodríguez, autora del nuevo texto.
Agregó: «Esto se frenó cuando el presidente Néstor Kirchner dijo que la nulidad de los indultos era materia de la Justicia, y los diputados en forma obediente se negaron a tratar un proyecto que habían firmado».
El proyecto presentado por Rodríguez no es más que el dictamen aprobado en octubre de 2005 por la Comisión de Asuntos Constitucionales, que llevó la firma de diputados kirchneristas.
Ayer la Cámara baja sesionó en minoría con la presenciadel kirchnerista Juan Manuel Urtubey como presidente del cuerpo y, salvo los macristas, del debate participaron los distintos bloques opositores: ARI, socialismo y UCR.
Además, estuvo el diputado Carlos Tinnirello, quien conforma un monobloque.
La negativa del peronismo a tratar la nulidad de los indultos en el Congreso se atribuye a la intención del oficialismo de no tratar el caso de algunos de sus miembros, como el diputado Miguel Bonasso, que goza de ese amparo del indulto menemista. Ese legislador había sido procesado en 1984 por su pertenencia a la organización armada Montoneros junto a otros integrantes como Mario Firmenich, que recibieron el indulto de Menem.
Si esos indultados quedasen expuestos a nuevo proceso podrían ser acusados de actos terroristas y, eventualmente, de violaciones a los derechos humanos.
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