Los once casos que quitaron transparencia al gobierno

En los últimos 45 días, una catarata de conflictos alimentó notoriamente las dudas sobre la transparencia de la administración de Néstor Kirchner. Escándalos como el pago de altísimas sumas a integrantes del ex Grupo Greco incluyendo honorarios a abogados, hoy motivo de sumario. Un episodio con otro rasgo polémico: el presunto ocultamiento del trámite que denunció la oposición. Lo mismo sucedió con la expropiación forzada de un inmueble a ferroviarios para regalarles $ 12 millones a sindicalistas y salvarlos de la quiebra. El impacto fue tal que la propia Cristina Kirchner y el jefe de Gabinete ordenaron apoyar investigaciones de la oposición que se vuelven en su contra. Son dos casos que se suman a un total de once durante los últimos meses donde el gobierno enfrentó problemas políticos y acusaciones de presunta corrupción. Se llegó a frenar en Diputados un proyecto sobre un nuevo banco genético para investigación y búsqueda de hijos de desaparecidos por dudarse de un acuerdo con laboratorios privados. Las sospechas afectan al marco legal para la estatizada AySA: la empresa y su control quedan bajo un mismo mando. En plena campaña, la malandanza afectó también a la provincia de Buenos Aires con imputaciones sobre altos mandos de la Policía Bonaerense sobre el rescate del caso Ianonne o la crítica que se pone sobre el matrimonio Kirchner de transacciones inmobiliarias con tierras fiscales en El Calafate. Hay otro escándalo, que ya llegó al fuero penal tributario, por las empresas emisoras de facturas truchas, al parecer, para pagar sobornos en el área de la obra pública. Mal fin de año para un gobierno que consiguió parte de su vigor en la denuncia moral de sus antecesores.

Felisa Miceli y José Pedraza (arriba). Cristina Kirchner y Juan Carlos Blumberg (abajo).

CASO GRECO

Comenzó con un pedido del gobierno al Congreso para autorizar un incremento de $ 1.300 millones en emisión anual de títulos de deuda. En Diputados se aprobó sin cuestionamientos, pero el radicalismo del Senado puso la lupa sobre el destino de esos nuevos bonos. Las aclaraciones por parte del Ministerio de Economía no ayudaron: quedó claro que casi $ 600 millones de esos bonos se aplicarían al pago de juicios perdidos por el Estado a favor de los ex integrantes del Grupo Greco. Esos juicios habían sido iniciados por incumplimiento de un acuerdo que el Estado firmó con los Greco en 1987, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, por el que se les restituían fondos y propiedades en resarcimiento por los errores cometidos en la intervención de las empresas del Grupo en 1980, durante la dictadura militar. Los senadores radicales iniciaron una investigación por el monto a pagar y hasta el kirchnerismo apoyó que la Auditoría General de la Nación también hiciera su propio análisis de esas cuentas. Se consideró que el Estado no fue bien defendido en esos juicios, al punto que la sentencia a favor de los Greco, emitida curiosamente el 28 de diciembre de 2001, ni siquiera fue apelada en tiempo y forma por la procuración del Tesoro. El pago en bonos apareció así dudoso; el gobierno dio marcha atrás mientras la oposición reclamó una comisión investigadora sobre el origen de esa orden de pago. La UCR denunció no entender por qué el Estado debía cancelar $ 598 millones a la quiebra de ese ex grupo mendocino y a las familias de los hermanos Greco. El proyecto completo fue congelado y finalmente Felisa Miceli, dispuso iniciar una investigación sobre sus propios funcionarios para dilucidar quién aprobó la liquidación de fondos a pagar y por qué se apresuró el polémico pago. El gobierno terminó poniéndose a la cabeza de una investigación para deslindar posibles responsabilidades penales sobre quién ordenó acelerar los pagos.

POLICLINICO FERROVIARIO

La historia comenzó cuando se presentó en el Congreso un proyecto de ley para expropiar un inmueble de la zona de Retiro donde hasta hace 10 años funcionó el policlínico ferroviario para destinarlo a la Corte Suprema que allí ubicará la nueva sede de la Morgue Judicial. Ese edificio, propiedad del sindicato de ferroviario, es la última clínica que a esos gremialistas liderados pro José Pedraza les queda por vender después de haberse desprendido en todo el país de 100 de ellas. La oposición radical insistió en el Senado en que el predio ya es propiedad estatal por no haberse cumplido el cargo que el propio Estado fijó cuando hizo la donación a los ferroviarios, que precisamente es destinarlo al hospital central de ese sindicato. Pero el gobierno siguió adelante con esa expropiación que encierra una operación de $ 12 millones que el secretario general de los ferroviarios, Pedraza recibiría en pago por la operación y que lo salvaría de la quiebra. La defensa que hizo el oficialismo de esa expropiación es aún tan cuestionable como el centro del problema: hace un año cuando un decreto presidencial libró a Pedraza de tener que cumplir con el cargo de la donación original de 1944 de mantener en el predio un policlínico para ese gremio. De no hacerlo debía devolverlo al Estado y con ese decreto, consideran, quedaría libre el trámite de la expropiación. El escándalo en el recinto llegó a tal nivel que el proyecto finalmente no fue aprobado.

CASO BANCO GENETICO

No consiguió el gobierno votar la creación del Instituto Nacional de Datos Genéticos para el Esclarecimiento de Delitos de Lesa Humanidad, que reemplazará al actual Banco Nacional de Datos Genéticos. Ese proyecto fue impulsado por Remo Carlotto, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, hijo de Estela, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y uno de los más claros representantes del kirchnerismo en el Congreso. En intento de votación en el recinto, con Eduardo Luis Duhalde, secretario de Derechos Humanos, presente en el recinto terminó en un papelón. Carlotto defendió la ley explicando por que el nuevo organismo detentaría el monopolio del procesamiento de datos genéticos para la investigación sobre hijos de detenidosdesaparecidos durante la dictadura. Toda otra causa por filiación queda fuera del alcance y los damnificados deben recurrir en esos casos a laboratorios genéticosprivados. En el recinto, la radical Alicia Tate fue lapidaria: «Entre los asesores de Carlotto hubo genetistas vinculados a bancos privados que van a ser beneficiados por esta ley». Uno a uno todos los bloques mostraron su disidencia, inclusive los eternos aliados del oficialismo, y el kirchnerismo no pareció dispuesto a defender a uno de los suyos. El proyecto volvió entonces a comisión, lo que puede presagiar el archivo perpetuo para esa idea. Nunca un tema clave para el gobierno, como lo es la defensa de los derechos humanos, había tenido un fracaso de esa dimensión en el Congreso.

LEYES COMPLICADAS

El gobierno tuvo éxitos en el Congreso en la mayor parte del año, aunque la resonancia de muchos de ellos haya sido negativa. Néstor Kirchner consiguió controlar la mayoría de los sillones estratégicos en el Consejo de la Magistratura, pero con el costo de dejar en evidencia su vocación de hegemonizar el poder. Cristina Kirchner fue la encargada de llevar adelante esa reducción en el número de miembros del Consejo -bajó de 20 a 13- con un rol que desempeñó en la mayor parte del año: el de encargarse de las reformas institucionales, políticamente simpáticas o antipáticas, que reclamó el Poder Ejecutivo. Desde su banca en el Senado no sólo defendió la reforma al Consejo de Jueces sino que apoyó la instauración permanente de los superpoderes para manejar fondos del presupuesto -a través de la reforma la artículo 37 de la Ley de Administración Financiera y de los Organos de Control. Fue el mismo ímpetu que aplicó el gobierno al eliminar el directorio de la Unidad de Información de Financiera -ente encargado de investigar las operaciones supuestamente involucradas en operaciones de lavado de dinero- y sustituirlo por un funcionario designado por el Poder Ejecutivo. Esa reforma se sumó a la posibilidad de que ese funcionario levante el secreto bancario o bursátil de un ciudadano sin autorización, también aprobado por ley este año. El gobierno consiguió aprobar otra prórroga a la Ley de Emergencia Pública, pero nuevamente pagando el costo político de tener que reconocer que lo hacía por seguir teniendo el control de la demorada renegociación de contratos con las empresas de servicios públicos privatizadas y en un intento por frenar demandas contra el país por parte de los acreedores que se negaron a participar en el canje de deuda. De todas formas, esos tenedores de más de u$s 20.000 millones en títulos aún en default ya han comenzado a avanzar en tribunales de Alemania y Nueva York. En materia legislativa terminó el año, el gobierno con una derrota a medias, más formal que de fondo, pero que demostró que la oposición puede comenzar a ganar terreno en los recintos. Esta vez fue el proyecto de marco regulatorio de la empresa AySA que el gobierno envió al Congreso a último momento. El kirchnerismo no consiguió garantizar una preferencia para votarlo y debió esperar una semana más. No tenía el número y hasta perdió la votación inicial. I

TIERRAS EN CALAFATE

Tuvieron que soportar Néstor Kirchner y su esposa, en este fin de año, también acusaciones que llegaron hasta lo personal. Fue el caso de las recientes denuncias de que el propio primer mandatario, la senadora y funcionarios nacionales compraron tierras fiscales en la localidad de El Calafate a un precio de $ 7,50 por metro cuadrado, mientras el precio de mercado oscila entre los $ 30 y los $ 120. El encargado de cerrar la operación fue el intendente local Néstor Méndez mediante un decreto municipal que aclara que el valor de la tierra deberá abonarse «al contado o mediante un plan de pago en un lapso de treinta días, y abonar en concepto de mensura y amojonamiento la suma de 350 pesos», según se denunció. Se sabía ya que Kirchner y su esposa tenían su casa en esa localidad, donde pasan muchos fines de semana, junto con otras cuatro propiedades en El Calafate. También es sabido que ese lugar se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos de la Argentina por su cercanía al glaciar Perito Moreno, lo que sumado a su nuevo rol de la «Anillaco» de esta era ha disparado los precios del metro cuadrada en los últimos tres años.

CASO IANONNE

La provincia de Buenos Aires, lista para iniciar la campaña electoral de Daniel Scioli para reemplazar a Felipe Solá, no aportó tampoco tranquilidad en este diciembre. La liberación del joven Hernán Ianonne trajo, tras la primera ola de tranquilidad para el gobierno, nuevos dolores de cabeza cuando Juan Carlos Blumberg dio a conocer que parte del rescate pagado habría ido a parar a intermediarios en la liberación. Apuntó Blumberg a uno de los jefes policiales como el máximo responsable de la maniobra. Luego fue desmentido por la propia familia Ianonne. Pero el escándalo no quedó allí. Aparecieron grabaciones telefónicas donde otros familiares de Ianonne, entre ellos una hermana, hablaban del hecho. El fiscal federal de Tres de Febrero, Paulo Starc, acusó al jefe del Gabinete Antisecuestro de la DDI de San Martín, Gustavo Javier Espósito, como el responsable directo del intento de robo de esos $ 47 mil sobre los $ 300.000 del rescate total. Hoy las investigaciones sobre esa posible mejicaneada de parte del rescate por agentes de la bonaerense se tornó tan importante como la causa misma del secuestro.