Los proyectos del gobierno

• Establecer el juicio por jurados.

Está en la Constitución desde 1853 pero nunca se instauró. La demanda surge en el último tiempo a partir de quejas sobre el comportamiento de algunos jueces. Por caso, lo demanda el sacerdote Julio Grassi, que siente ser víctima de una persecución judicial en el partido bonaerense de Morón. Existe en Córdoba una versión particular del sistema; allí los tribunales los integran dos magistrados y un lego.

• Crear una Agencia Federal de 6.000 hombres; 5.000 para tropa y 1.000 para investigación. Se dividirá en dos áreas: un cuerpo nacional de paz y un área de Policía de Investigaciones.

Es una suerte de FBI, es decir, un nuevo cuerpo uniformado que deberá homogeneizarse con la nueva Policía comunitaria que pretende Aníbal Ibarra, la Policía del conurbano que quiere León Arslanian y las fuerzas ya existentes. Se reclutarán hombres de esas fuerzas ya existentes, habrá nuevas incorporaciones y se concursarán hasta 1.000 cargos de comisarios «civiles», una figura extraña. Actuará en todo el país, lo cual hará necesarias nuevas leyes nacionales y provinciales para que los distritos del interior cedan poder de policía. Para evaluar la viabilidad política de esta medida vale recordar que al tratarse la ley de reforma laboral, en marzo pasado, las provincias se negaron terminantemente a ceder la Policía del Trabajo. Mucho más inverosímil es que cedan poder de la Policía corriente.

• Crear juzgados electorales en Capital y Buenos Aires, sacándoles la competencia a los jueces federales.

Es el final de la hegemonía de María Servini de Cubría en las elecciones federales y un triunfo de la Cámara Nacional Electoral, un cuerpo de creación relativamente reciente.

• Programa de trabajo en cárceles.

Es un reclamo de Juan Carlos Blumberg, está en la Constitución dentro de la reeducación de los detenidos, pero en el proyecto oficial se dice que participará el sector privado. Hay experiencias en el mundo, las cárceles de picapedreros en los EE.UU. y las cárceles en China que ilustran sobre desviaciones totalitarias. En un país con alto desempleo, además, sumará un actor más a la disputa en el mercado de trabajo, con una ventaja comparativa decisiva.

• Plan hermano mayor: 50 mil chicos van a ser vigilados por un mayor para que vuelvan a la escuela.

Mecanismo altruista pero con mala elección del nombre. Evoca al «big brother» de la novela utópica «1984» de George Orwell donde se designa así al ojo del amo que controla a la población de cualquier disidencia.Faltó cultura -o sobró- literaria.

• Más límite por ley a la excarcelación de presos.

Cumple otro reclamo de Blumberg.

• Se abrirán al control ciudadano las juntas de calificaciones y ascensos de los integrantes de las fuerzas de seguridad federales.

Es reforzar a las ONG como el CELS (inspirado por el abolicionismo de izquierda) como vigilantes en el funcionamiento y ascensos en las policías del todo el país. Lo inauguró Rodríguez Saá en 2001 y lo usaron todos los presidentes.

• Control civil «monitor» sobre policías en lugar de Asuntos Internos.

Persigue el mismo propósito y tiene los mismos riesgos del punto anterior.

• Foros de vigilancia comunal a la manera de Arslanian también en comunas rurales.

Peligroso mecanismo sospechado de totalitario e inconstitucional por el cual se pretende que cuerpos voluntarios no elegidos terminen controlando a funcionarios surgidos del voto popular.

• Se abrirá un concurso público para la incorporación de comisarios civiles el próximo semestre.

Extraña figura que puede reforzar el recelo de las fuerzas a todos los proyectos del gobierno porque intentan quebrar las presuntas «corporaciones» sospechadas de corrupción.

• 1.000 becarios estudiantiles ejercerán el control de los liberados que hayan cumplido condena.

Es para suplir las falencias del Estado en el control de las prisiones domiciliarias, las « probations» y otras medidas de libertad vigilada.

• Reglamentar el artículo 53 de la Constitución para precisar los mecanismos de contralor cívico en el caso de mal desempeño de los jueces.

Mecanismo bien intencionado que aspira a corregir el funcionamiento actual del Consejo de la Magistratura en la regulación de la actividad judicial. Ayer, algunos especialistas veían esta medida como contraproducente. Hoy las causales por mal desempeño son genéricas, es decir, comprenden a una infinidad de malas acciones que puede realizar un juez. Reglamentarlas sería, por el contrario, limitar las causas para juzgar a un magistrado.

• «Modificación del régimen especial para menores de 18 años que no sólo propicia la disminución de la edad de imputabilidad a los 14 años, sino que implica un régimen mucho más integral.»

Es el mismo proyecto ya anunciado por el senador Miguel Pichettoy que debe tratar esta semanael Senado.

• Policía Comunal en la Ciudad de Buenos Aires.

Es una fuerza que empezará con 500 policías y contará con 1.500 agentes en tres años. El Gobierno porteño tendrá injerencia sobre ese grupo por un convenio. Eneste distrito los comisarios serán elegidos por los vecinos. Deberá compatibilizar sus tareas con las otras fuerzas.

• Habrá un mapa nacional del delito on line y un sistema unificado de registros criminales.

• En la nueva ley de coparticipación la Nación propone a las provincias duplicar los fondos para la seguridad en la discusión del reparto.

• Modificación la legislación en materia de asociación ilícita para sancionar más severamente este delito mafioso. ( Prevé más penas.)

• Nuevo régimen de protección de testigos, para evitar una relación espuria y confusa con fuerzas de seguridad ( delatores, etc.).

Busca impedir crisis como las que produjeron en el caso Blumberg las conversaciones entre policías y presuntos delatores, algo que puso a Gustavo Béliz en el borde de un escándalo. Quien habla con un delator, ¿es cómplice? ¿Quién establece la diferencia? El gobierno quiere una ley.

• Se impulsará la transferencia a las justicias provinciales de las causas menos graves en materia de narcotráfico, para que estén cerca de donde ocurren los hechos.

Muy polémica propuesta que ha pedido, entre otros, Felipe Solá en Buenos Aires. Es para que jueces provinciales atiendan la venta al menudeo de drogas. Se contesta desde otra posición que en esos niveles puede haber también corrupción judicial en las provincias.

• Se transfieren competencias penales de delitos leves que atienden los juzgados correccionales a la Justicia Contravencional de la Capital Federal.

• Reforma política: en 30 días se envía otro paquete de proyectos de reforma política para que en 60 días haya sanción de normas que complementen las medidas antidelito.

Se vienen proponiendo en el Congreso con muy poco éxito desde 1983.

• Fondo Nacional de Recompensas.

Es para formalizar esfuerzos aislados de pagar información que ayuda a esclarecer delitos.

• A partir del día viernes, se convocará al Consejo de Seguridad Interior para estudiar una propuesta de reordenamiento de todas las fuerzas federales de seguridad.

Es un mecanismo que pidieron varios gobernadores desde la crisis Blumberg.