Macri persigue a los bancos por deuda de $ 900 millones

El gobierno de Mauricio Macri quiere recaudar $ 900 millones extras para sumar a la ampliación de Presupuesto, la emisión de deuda y créditos para la gestión porteña. Esta vez, los bancos que operan en la Capital deberán pagarle esa suma en concepto de una deuda por impuestos de 2002, que se generó junto con las discusiones acerca de cómo debía liquidarse Ingresos Brutos, tras la pesificación. El reclamo estuvo a punto de prescribir, pero el macrismo encontró una fórmula para la liquidación, aunque ahora la oposición porteña, es decir, el kirchnerismo, dice que las entidades deben más. Ya en enero de este año, Macri había comenzado a negociar con los banqueros extranjeros nucleados en ABA.

Anibal Ibarra

La administración macrista salió al rescate de una vieja deuda que 61 bancos que operan en la Capital Federal mantenían con la Ciudad por el impuesto a los Ingresos Brutos, tras la pesificación que en 2002 generó un caos de normas que imposibilitaron en el momento acordar un método para la liquidación del tributo, la principal fuente de financiamiento de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde entonces, las gestiones de Aníbal Ibarra y de Jorge Telerman intentaron un acuerdo con las entidades que no prosperó, al punto que el litigio llegó a estar al borde de prescribir y la Legislatura lo evitó sancionando una prórroga para la negociación.

El jueves a la noche, en el recinto porteño, cuando se debatía la ampliación presupuestaria que solicitó Macri por más de $ 1.500 millones, el legislador kirchnerista Juan Manuel Olmos pidió informes al gobierno sobre la situación, ya que se dio a conocer que al menos el Banco Ciudad de Buenos Aires -la entidad estatal porteñahabría pagado poco más de $ 40 millones por la deuda tributaria de 2002.

Reclamo

Lo cierto es que a las entidades se les reclamaban $ 3.500 millones en conjunto. Integran una lista que está reservada por el secreto fiscal, y son cuatro -según fuentes del Gobierno de la Ciudad- las que comenzaron a emitir los pagos por la deuda de 2002. Hasta ahora la administración macrista cobró $ 65 millones y aseguran que se rescatarán aproximadamente $ 900 millones.

Según fundamenta el Gobierno porteño, los $ 3.500 millones estaban mal calculados y, además, eran incobrablesporque las entidades no reconocían ese monto de deuda. Creen que las gestiones anteriores hicieron una interpretación errada del artículo 150 del Código Fiscal que rigió en 2002, que en esa cláusula copiaba al de 2001. Según la ley, «en las operaciones realizadas por las entidades financieras comprendidas en la Ley Nacional Nº 21.526, se considera Ingresos Brutos a los importes devengados, en función del tiempo, en cada período» y la «base imponible está constituida por la diferencia que resulta entre el total de la suma del haber de las cuentas de resultado y los intereses y actualizaciones pasivos».

Por entonces, antes de la devaluación, los bancos aportaban alrededor de 500 millones de pesos/dólares en concepto de Ingresos Brutos a la Capital Federal.

Lo cierto es que al desembarco del macrismo en el Gobierno porteño había 61 expedientes de inspección abiertos en los bancos de plaza, situaciones sin resolver en las cuales cada entidad proponía una manera diferente de liquidar los Ingresos Brutos retrasados. Inclusive se les había ofrecido a las entidades dos moratorias, pero no se logró pactar una suma a cobrar. El macrismo entonces interpretó que la alícuota debía aplicarse sobre los resultados positivos y de esa forma logró destrabar lo que había sucedido en 2002, cuando una resolución admitió que se pagara como anticipo de Ingresos Brutos lo mismo que en 2001 hasta recalcular la base imponible. Desde entonces hubo reclamos de bancos y del Gobierno, pero no ingresó el dinero en las arcas porteñas. Como sea, Macri, encontró un renglón más para sumar al Presupuesto porteño, aunque tiene ahora el rechazo del kirchnerismo a la mecánica.

Lo explicó Olmos, quien aseguró que «cualquier recálculo del impuesto que implique una quita a los montos que ya emitió la Ciudad y reclamó en su momento lo deberían haber hecho con una ley». El legislador, que el año pasado ocupó la presidencia de la Comisión de Hacienda, dijo que «es dudosa la legalidad de ese recálculo y seguramente será impugnado, porque vamos a seguir investigando. No creo que durante seis años Rentas o la Procuración hayan equivocado su interpretación del Código Fiscal».