Causa peajes: las pruebas que obligan a revisar las concesiones de Autopistas del Sol y del Oeste

Política

Al aceptar a Vialidad y la UIF como querellantes, tomo nuevo impulso la causa por irregularidades en la extensión de la concesión hasta 2030 y compensaciones millonarias a las empresas durante el gobierno de Macri.

Cuando estaba a punto de naufragar la causa por las presuntas irregularidades en las concesiones de Autopistas del Sol y del Grupo Concesionario Oeste durante el gobierno de Mauricio Macri, la aceptación como querellantes de la Dirección Nacional de Vialidad y de la Unidad de Información Financiera (UIF) permite darle continuidad a una investigación que ya suma varias pruebas desde que se inició en agosto de 2019.

La historia reciente se remonta a agosto de 2017, cuando el Gobierno de Macri acordó el inicio de trámite de Aprobación del Acuerdo de Renegociación de contratos. Pero a partir de una denuncia presentada por los diputados Rodolfo Tailhade, Adrián Grana, Carlos Castagneto y Leopoldo Moreau, la investigación judicial avanzó en torno a la extensión irregular de los contratos y al reconocimiento de multimillonarias cifras a las empresas por inversiones supuestamente realizadas.

Se hallaron irregularidades en la prórroga de las concesiones por diez años más sin licitación previa. Además, se comprobó el pago por supuestas inversiones no amortizadas, con el argumento de que las empresas tenían un reclamo ante el CIADI por u$s1.000 millones, algo que aparentemente fue ficticio. Se suma también la posterior venta de acciones que Mauricio Macri tenía en Ausol a una empresa, Natal Inversiones. Esa venta se dio luego de que se liberara el aumento de los peajes en esos corredores, lo que permitió que la acción de las compañías cotizara 400% más alto que antes de la decisión oficial.

En ese sentido, por instrucción de Dietrich e Iguacel, sin que existiera ningún dictamen, auditoría o informe económico financiero sobre la operación de Ausol y descartando las numerosas defensas que podían alegarse ante el CIADI, el gobierno dispuso arreglar con las concesionarias. En definitiva, en el expediente constan las maniobras a través de las cuales las empresas AUSOL y Grupo Concesionario Oeste S.A. lograron prolongar la concesión de los peajes de los accesos Norte y Oeste respectivamente hasta 2030, sin pasar por un previo proceso licitatorio. De esa forma, consiguieron que el Estado les reconociera deudas de 499 millones de dólares y 247 millones de dólares, respectivamente.

Cuando el ya jubilado juez Rodolfo Canicoba Corral procesó al exministro de Transporte, Guillermo Dietrich, al extitular de Vialidad Javier Iguacel, al exministro de Economía, Nicolás Dujovne y al exprocurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, afirmó que el reconocimiento de las compensaciones a las empresas se hizo "pese a no contarse con un informe técnico integral y exhaustivo con respaldo documental que valide o justifique el millonario monto de inversión reconocida".

El juez los procesó por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública porque los exfuncionarios “fueron parte de la ejecución de un complejo engranaje de maniobras diferentes, pero todas ellas destinadas a direccionar interesadamente la recontratación de las concesiones, favoreciendo a los grupos empresarios concesionarios, quebrando para ello la confianza depositada conforme la función pública que desempañaban y en palmario desmedro de las arcas del Estado”. En concreto, hizo referencia a las concesiones de Acceso Norte y Acceso Oeste, la primera en manos de una firma que integraba como accionista la familia Macri; la segunda ligada al grupo Albertis.

Para el magistrado, la actitud de los exfuncionarios "permitió que con fecha 26 de junio de 2018 se celebraran en favor de Autopistas del Sol S.A. y Grupo Concesionario Oeste, los Acuerdos de Renegociación Contractual de contratos de Concesión del Acceso Norte y Acceso Oeste, respectivamente, sin realizar objeciones el nombrado en cuanto a que sus cláusulas podían resultar contrarios a la ley vigente o perjudiciales para las arcas del Estado".

Pese a las pruebas recolectadas, los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia anularon los procesamientos de los funcionarios macristas que habían sido dictados por Rodolfo Canicoba Corral antes de jubilarse. La medida fue por un planteo formal de las defensas de los ex funcionarios, por lo que debe repetirse el procedimiento. Ahora, con Vialidad y la UIF como querellantes la causa podría tener un nuevo impulso.

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