Rodríguez Simón se profuga de la Justicia y pide "asilo" en Uruguay

Por carta anunció que no regresa al país, y busca evitar indagatoria que lo complica ante Servini.

Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, principal operador judicial de Mauricio Macri y acorralado en la justicia federal en una causa que lo investiga por integrar una asociación ilícita destinada al desguace de los activos del Grupo Indalo, decidió profugarse y pedir asilo político en Uruguay, en momentos en que debía presentarse a declaración indagatoria. La sorpresiva decisión de quien fuera el arquitecto jurídico de Cambiemos se da luego de que, el circuito de comunicaciones de su teléfono fuera clave para confirmar el circuito de diálogos que existieron en momentos clave del desarrollo tanto en sede penal como comercial de la quiebra de la petrolera Oil Combustibles, de Cristóbal López y Fabián De Sousa. A través de una carta, en la que dijo sentirse un “perseguido político”, el abogado que además es miembro del Parlasur anunció que no volvería al país, pese a que pesa sobre él una restricción dictada por la jueza María Servini para que no cruce la frontera. De esta forma, se convierte en el primer exfuncionario del macrismo en evadirse de los tribunales, y deja abierta la puerta para un eventual pedido de captura internacional dictado en su contra.

A lo largo de una extensa carta en la que apenas cita jurisprudencia internacional para pedir acogerse al asilo político en Uruguay (donde reside desde que comenzó la Pandemia), el principal operador judicial de Macri sostuvo que el avance de la causa judicial en su contra, donde su defensa presentó una batería de recursos para intentar evitar que se peritaran sus teléfonos, no contaría con seguridad para su persona, aduciendo que existía una “campaña” en su contra. La justicia revisó en varias instancias las medidas de prueba solicitadas por Servini, ajustó algunas y concedió otras en el marco de la investigación que está llevando adelante la magistrada. El último revés fue la negativa para dilatar en la Corte Suprema un entrecruzamiento considerado clave entre sus teléfonos y los del propio Macri, junto a los principales integrantes de la denominada Mesa Judicial. Ante este escenario, y cuando se incorporaría este peritaje, Rodríguez Simón, parlamentario del Parlasur hizo pública su decisión de no regresar al país, pese a la orden judicial. La cuestión deja en situación incómoda también a la administración de Lacalle Pou que deberá lidiar con el pedido de “Pepín” ante lo que, en realidad y en términos técnicos, constituye el primer acto de defensa de un imputado que es su declaración indagatoria, y cuando la causa se encuentra en plena etapa de instrucción y de recolección de pruebas. Un asilo en estas condiciones es inédito.

En un texto completamente declarativo, Rodríguez Simón homologó su situación a una suerte de persecución por su intento de que como funcionario de la CABA haya intentado cobrar más impuestos relacionados con Ingresos Brutos. Ese rol llamó la atención en tribunales dado que de todos los cargos formales que tuvo -Parladiputado y director de YPF- el abogado hace mención a lo único que fue una autorización “ad honorem” para poder sentarse en las mesas de negociación. No solo ocurre en paralelo a la investigación de Servini, sino a las revelaciones en un juicio oral que dan cuenta que un abogado externo a YPF negoció quedarse con los activos petroleros de Oil Combustibles, en el marco del proceso comercial que llevó a la quiebra de la firma. Ese abogado externos respondía a Rodríguez Simón.