Más exámenes para la Corte

El Senado aprobará mañana el proyecto que modifica el procedimiento establecido en el reglamento de esa cámara para el nombramiento de jueces de la Corte Suprema propuestos por el Ejecutivo. El problema ahora para los senadores es que el decreto de «autolimitación» de facultades para nominar magistrados de la Corte ya firmado por Néstor Kirchner -entre otras cosas somete a una especie de tribunal de ONG y medios a cada propuesto para el cargo-terminó superponiéndose con el proyecto de los senadores. La tormenta de transparencia que quiere establecer el gobierno terminará en que a ese procedimiento en el Ejecutivo, se le sumará ahora una audiencia pública fijada dentro del tratamiento en el Congreso. Es decir, cada postulante, por caso, a reemplazar a Julio Nazareno pasará por dos filtros, pero al trámite legislativo llegará con los cuestionamientos de la primera consulta que lo condicionarán de forma definitiva.

«Para mi criterio el decreto de autolimitación está pasado de vueltas. Tiene algunos requisitos que o son incumplibles o están determinando directamente de dónde debe venir un postulante para la Corte. Si piden que un candidato no puede haber pertenecido en los últimos ocho años a un estudio jurídico que, por ejemplo, haya tenido causas con empresas privatizadas, están diciendo directamente que debe venir de la carrera judicial o ser un abogado sin mucho entrenamiento», razonaba ayer un miembro de la Comisión de Acuerdos del Senado.

• Paso inicial

Este nuevo doble procedimiento de control que se establecerá desde ahora tendrá un paso inicial en el Ejecutivo y luego otro, igualmente complicado en el Senado. En el dictamen del proyecto de modificación del reglamento de esa Cámara, que fusionó iniciativas que habían presentado Vilma Ibarra, Cristina Fernández de Kirchner --am-bas pidieron incorporar al Senado el procedimiento de audiencia pública para la designación de los magistrados-, Jorge Yoma, Miguel Pichetto y Ricardo Gómez Diez, se establece que:

• Cuando el Ejecutivo envíe un pliego de aprobación para designar un juez o conjuez de la Corte Suprema, el Senado deberá publicar sus nombres en Internet, el Bole-tín Oficial y en los dos diarios de mayor circulación del país, durante dos días.

• Los pliegos enviados por el Ejecutivo solicitando acuerdo para la designación de los jueces y conjueces de la Corte o magistrados del Poder Judicial deben ser sometidos al procedimiento de audiencia pública.

• Quince días antes de la audiencia pública, quien quiera participar deberá presentar las preguntas y observaciones a las calidades y méritos del aspirante propuesto, lo que convierte a esa audiencia del Senado en una suerte de tribunal popular.

• La comisión de acuerdos -hasta ahora el único cuerpo que intervenía en la aprobación de candidatos y sometía al plenario del Senado su decisión-deberá abrir un regis-tro para recibir las observaciones «que cualquier persona quiera formular respecto de las calidades y méritos de los aspirantes cuyo acuerdo haya sido solicitado por el Poder Ejecutivo». Sin duda ese será uno de los trabajos mas engorrosos de revisar por parte de los senadores.

• Por supuesto que los senadores se guardaron el derecho de aceptar o no las preguntas que consideren «carentes de razonabilidad, manifiestamente improcedentes o que no cumplan con los requisitos», un rasgo de cordura en el proyecto.

• En la audiencia pública se le leerán al candidato «las observaciones presentadas que fueron declaradas admisibles y la presentación hecha por el interesado contestando aquéllas».

• Una vez terminada la audiencia pública, la Comisión de Acuerdos debe producir el dictamen «aconsejando hacer lugar o rechazar el pedido de acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo», el que luego debe ser aprobado por el recinto.

• Este procedimiento, para el gusto de los senadores, es demasiado similar al que estableció Kirchner por decreto para llevar adelante en la Presidencia antes de decidir los nombres que luego el Jefe de Estado eleva al Senado.