El fiscal federal Luis Comparatore pidió esta mañana al juez Norberto Oyarbide que "reciba inmediata declaración indagatoria" al empresario Néstor Lorenzo, principal sospechoso en la causa por la denominada "mafia de los medicamentos".
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A su vez, el fiscal requirió al juez que libre oficio a distintos organismos para que informen los bienes que posee "ante la eventual posibilidad de una insolvencia fraudulenta".
En ese sentido, solicitó al juez que pida informes a la Unidad de Información Financiera sobre "aquellas operaciones reportadas relativas a adquisiciones de bienes" del empresario Lorenzo, de droguerías "San Javier".
Además, en su dictamen de tres carillas, el fiscal solicitó a Oyarbide que "se obtenga por la vía que corresponda la grabación" de un programa emitido anoche por la señal C5N con declaraciones de la ex ministra de Salud Graciela Ocaña, en donde "se trataron diversas cuestiones que podrían guardar interés para la presente investigación".
También que se "requiera tanto al Gobierno Nacional como al de la Provincia de Buenos Aires que, a través de sus carteras de Salud, brinden la totalidad de la información existente".
Comparatore manifestó su intención de conocer "todo lo atinente a los laboratorios que los producen y las droguerías que los distribuyeron, así como también lo referido a las autorizaciones pertinentes y su renovación".
A su vez, el representante del ministerio público fiscal también exigió que los gobiernos Nacional y Bonaerense remitan "la totalidad de los antecedentes de los programas de distribución gratuita de los medicamentos comprometidos individualizando aquellas entidades que resultaban beneficiarias".
"A los efectos de evaluar el impacto sanitario y social de la maniobra investigada", expresó el fiscal, pidió que "se oiga en autos a los responsables de tales instituciones con el objeto de establecer si la provisión farmacológica fue debidamente garantizada".
En caso contrario deberán "estimar el déficit producido y las consecuencias irrogadas a sus beneficiarios".
Como última medida, el fiscal solicitó que todos los centros de salud de la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, informen la identidad de las personas que se le hayan recetado los medicamentos involucrados, para que presten declaración testimonial.
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