El titular del gremio bancario, Juan José Zanola y su esposa Paula Aballay, recusaron al juez federal Norberto Oyarbide a quien le pidieron que se "inhiba de seguir actuando en el presente sumario" a raíz de declaraciones públicas del magistrado que calificaron como "prejuzgamiento".
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"En resguardo de los principios constitucionales de defensa en juicio y debido proceso" los penalistas Mario Fenzel, Federico Figueroa y Armando Murature, defensores del dirigente gremial, le reclamaron a Oyarbide su apartamiento "del trámite del sumario".
Mediante un escrito de nueve carillas, al que Télam tuvo acceso, Zanola y Aballay afirmaron que "la imparcialidad (del juez), condición esencial para garantizar el derecho de defensa, es precisamente lo que ha estado ausente por completo, desde el inicio de esta investigación".
Los letrados afirmaron que Oyarbide "ha manifestado ante la prensa que podría haber una relación directa entre el triple crimen (en la causa por el tráfico de efedrina) y la adulteración de medicamentos, al recordar que la camioneta de Ferrón fue hallada cerca del Policlínico Bancario".
También aludieron a dichos del magistrado quien habría transmitido su "convicción" de que Zanola y su mujer "están vinculados estrechamente con la mafia de los medicamentos", manifestaciones que "no son propias de un juez de la Constitución al que le ha tocado en suerte llevar adelante el juzgamiento de estos hechos".
Oyarbide "ha olvidado que ha sido justamente la Obra Social la que denunciara maniobras fraudulentas en el ámbito de las declaraciones presentadas por parte de (Néstor) Lorenzo y ha confundido escasos medicamentos vencidos con adulterados".
"El deber de informar que no desconocemos, no debe ser llevado adelante por el juzgador sino que ésa es una tarea de la prensa", afirmaron los defensores de la pareja, quienes añadieron que "cuando (el juez) se coloca, como lo viene haciendo, como un periodista más ... no hace más que tergiversar el proceso y el principio de inocencia".
Zanola y Aballay entendieron que "para que no queden dudas que ha perdido toda imparcialidad, hace manifestaciones que ni siquiera aún han encontrado sostén en el requerimiento fiscal realizado en debida forma".
"Causa alarma que sea Ud. quien alienta a que distintos beneficiarios de la Obra Social bancaria se presenten a efectuar denuncias, pues al actuar así, pierde toda objetividad sobre la cuestión y pierde también la imparcialidad que debe tener para llevar adelante una investigación con el aseguramiento de todas las garantías", expresaron.
En esa línea enfatizaron que "si se permitiera que un juez sea el promotor del proceso se estaría permitiendo precisamente que el denunciante se transforme en juez del caso y esto es lo que aquí ha sucedido", razón por la cual "creemos que se encuentra inhabilitado para continuar con el trámite de este sumario".
En caso de recibir una "respuesta adversa a la pretensión de esta defensa", los letrados hicieron reserva de recurrir ante la Cámara Nacional de Casación Penal y hasta la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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