Medida de la gravedad

Curiosamente, las autoridades se muestran más estrictas con los desórdenes en los estadios que con la creciente violencia política callejera. El contraste surge al compararse, por caso, la actuación institucional en los incidentes protagonizados por hinchas de Chacarita en la cancha de Boca y los recientes desmanes en la Legislatura porteña.

La señora Hebe de Bonafini puede incitar a la revolución armada, defender públicamente a ETA y agredir de palabra a quien se le antoje sin consecuencia alguna, pero si un espectador de fútbol insulta a un árbitro puede ser multado por agentes municipales del orden, tal como ocurrió en las plateas de la cancha de Boca Juniors.

La mayor pasión de los argentinos está bajo la égida de un funcionario caótico y severo como Javier Castrilli, capaz de privar a 35.000 personas de ver jugar a su equipo por «riesgo de desmanes», pero la vía pública parece no estar bajo la autoridad de nadie. Si vándalos, prostitutas y travestis destrozan por horas un parlamento y bienes privados con peligro y heridas a personas, cuesta demasiado que alguna institución disponga detenerlos. Poco a poco gana a la sociedad un sentimiento de injusticia. ¿Alguien cree que aquellos incidentes en la cancha de Boca, con simpatizantes de Chacarita, fueron más graves que el ataque a la Legislatura porteña?

A meses de la violación y el degüello de la estudiante francesa Périne Bermond en Retiro, seguimos sin conocer al autor del hecho porque la Policía Federal carece de reactivos químicos para el peritaje del semen. Falta de presupuesto. Obvio. Pero a sus pares de la provincia de Buenos Aires se les exige resolver todos los secuestros de acá a 100 días so pena de continuar con la inacabable purga de la institución. Algo bueno: la población se sorprendió al difundirse recientemente el dato de que existen 52.000 delincuentes prófugos, 10.000 de ellos de alta peligrosidad, por lo que se comenzaron a publicar avisos que ofrecen recompensa en efectivo para encontrarlos. Es una buena medida porque a los delincuentes los intranquiliza que compinches menores o hasta familiares puedan tentarse de denunciarlos. No obstante, el mismo gobierno promovió a la Corte Suprema de Justicia a un juez partidario de la abolición del Derecho Penal.