Medios: la Corte escuchó argumentos a favor y en contra

Política

La Corte escuchó las opiniones de diez "amigos del Tribunal" que argumentaron a favor y en contra de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y pasó a un cuarto intermedio hasta este jueves, día en que será el turno de los representantes del Estado y del Grupo Clarín.

"Esto no interesa sólo a las partes, sino también a toda la sociedad". Con esa frase, el titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, dio inicio a la audiencia pública. "Tenemos que analizar y decidir", dijo Lorenzetti al dar inicio a la audiencia acompañado del resto de la Corte: Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raul Zaffaroni y Carmen María Argibay

Según explicó Lorenzetti, la convocatoria a la audiencia fue por la "gravedad institucional" del tema, ya que "interesa a toda la sociedad", y se basa en una acordada de la Corte elaborada para estos casos.

La Corte Suprema de Justicia recibió hoy a diez ONG, cinco por el Estado y cinco por el Grupo Clarín, en la audiencia informativa que busca ser el paso previo a la resolución definitiva del conflicto generado a partir del planteo de inconstitucionalidad del holding de medios sobre dos artículos de la Ley de Medios, sancionada hace casi cuatro años.

A partir de las 10, en el cuarto piso del edificio de Tribunales, la Corte escuchó a las diez organizaciones no gubernamentales que actuaron como "amicus curiae" (amigos de la Corte), que son terceros sin tener parte directa en el litigio.

Cinco de ellas respaldaron con sus exposiciones el argumento del Estado y las otras cinco avalaron el planteo de inconstitucionalidad de Clarín.

El primero en exponer fue el representante del grupo Clarín en nombre del Observatorio Iberoamericano de la Democracia, Asdrúbal Aguiar, quien sostuvo que la ley de Medios "propone un régimen de intervención estatal sobre medios de comunicación radioeléctricos".

Le siguió el titular de la Asociación Argentina de Juristas, Beinusz Szmukler, que en aval al planteo del Estado sobre la constitucionalidad de la Ley aseguró que Clarín es un "monopolio informativo integrado a la red mundial de la desinformación, basada en el ocultamiento de la información que los perjudica" y "en la sobrecarga de información banal e inútil".

El segundo "amigo del Tribunal" elegido por el grupo Clarín para defender su postura frente a la Corte fue la Asociación de Organizaciones de Empresas de Televisión Pagada para Iberoamérica, cuya posición expuso Eduardo Oteiza, quien trazó un paralelo con la jurisprudencia de los Estados Unidos para la distribución de licencias de la televisión por cable y señaló que en ese país "nunca se aplicó" la regulación en los operadores de cable.

En apoyo de la posición del Estado, el rector de la Universidad Nacional de San Martín, Carlos Ruta, planteó la necesidad de un Estado que establezca un sistema "protector de libertades y derechos", que "limite" los derechos individuales en beneficio del "interés general".

En tanto, los "amigos del Tribunal" elegidos por el grupo Clarín para defender su postura, Luis Pardo y Carlos Laplacette, de ADEPA, sostuvieron que "los artículos 41, 45, 58 y 161 (de la ley de Medios) representan una conculcación de derechos constitucionales en relación con la libertad de expresión y la igualdad ante la ley y eso es un grave retroceso para la sociedad".

En apoyo de la voz del Estado, representando a la Universidad Nacional de Lanús, Víctor Abramovich, afirmó que el Estado "tiene el deber de intervenir para transformar estructuras que silencian a sectores de la población".

El sociólogo Eliseo Verón, representante del Comité del Consumidor (CODELCO), y "amigo" elegido por Clarín consideró que la norma "ya era obsoleta el día en que salió publicada en el Boletín Oficial" porque no preveía la "revolución" generada por la expansión del uso de Internet.

Andrés Gil Domínguez, también representante de CODELCO, puso el acento en "la presunción de inconstitucionalidad de todas las leyes que buscan restringir el acceso a una oferta plural" e indicó que "el artículo 45 de la Ley es claramente inconstitucional e inconvencional al limitar el número de licencias a 24".

Del lado del Estado, el titular de Cooperar, Miguel Julio Rodríguez Villafañe, aseguró que recién en el 2009, con la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual pudieron "acceder a la palabra", ya que "por 29 años" estuvieron marginados del sistema de comunicación.

El último "amigo" elegido por el grupo Clarín para exponer fue el abogado Lucas Grossman, quien interpretó hoy que la vigencia de la norma aprobada por el Congreso de la Nación por amplia mayoría "reducirán la cantidad y la calidad de la información".

Finalmente, en apoyo del Estado, expuso el titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, que rechazó la "escandalosa dilación judicial que paralizó durante 4 años" la aplicación plena de la ley y criticó la forma en que la Corte Suprema de Justicia convocó a la audiencia que se desarrolla hoy.

También en representación del CELS, Damian Loreti, brindó la argumentación técnica del organismo a favor de la ley de medios y destacó que "principios y declaraciones del sistema interamericano de justicia establecen que los monopolios deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia".

La Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, Cynthia Ottaviano, aseguró hoy ante la Corte Suprema de Justicia que "la concentración mediática conspira contra la democracia", al participar como amicus independiente en la audiencia pública convocada por el máximo tribunal para resolver la constitucionalidad o no de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Ottaviano expresó que "la concentración mediática unifica géneros y estilos, ejerce supremacía en la conformación de una agenda como así también hay temas que no llegan a la agenda" y subrayó que "la concentración de Clarín sólo es posible por las medidas cautelares del poder judicial", frase que produjo un aplauso sostenido del auditorio.

Explicó que "debemos exigir plena transparencia sobre quienes son los licenciatarios" y resaltó que "lo que debemos garantizar es impedir la monopolización". "El público no es un sujeto pasivo, tiene que poder elegir", afirmó y agregó que "en ese sentido, ahora tenemos una sociedad mediatizada, atravesada por disputas, tensiones". Asimismo, Otaviano se preguntó "¿cuanto tiempo más debe esperar el público?", y manifestó que "ya es tiempo de considerar la información como derecho y no mercancía". En ese sentido, recordó que "cuando Clarín tuvo la custodia de la libertad de expresión avaló un genocidio".

Por su parte, el director del Centro de Estudios de Derecho y Economía de la Facultad de Derecho de la UBA, Juan Vicente Sola, destacó hoy la necesidad de que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre la constitucionalidad o no de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por considerar que se trata de "una tarea que le corresponde a los jueces".

"Esto es lo que se llama la regulación a través del litigio, que plantea que una norma que no fue analizada judicialmente no es una norma completa, es una norma hipotética y son los jueces los que harán la regulación final", aseveró el académico al exponer en calidad de independiente en el marco de la audiencia pública que realiza la Corte Suprema de Justicia por la Ley de Medios.

En este marco, el representante del Centro de Estudios de Derecho y Economía postuló que "existe un monopolio constitucional, que es el gobierno, porque todo gobierno es monopolista por naturaleza", y sostuvo que, "por eso, las normas dejan a los jueces la potestad de proteger la libertad de expresión".

Además, al referirse al expediente que tramita el Máximo Tribunal en relación a la constitucionalidad o no de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Sola planteó que, "en casos de presunciones como estas que tienen sospechas de inconstitucionalidad, es importante que el tema sea resuelto".

"Corresponde a ustedes que tomen la decisión que todos esperamos", sostuvo el académico al exponer ante la Corte Suprema de Justicia este mediodía, en el cuarto piso del Palacio de Tribunales.

La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, solicitó a la Corte Suprema de Justicia que dicte un "fallo histórico" en relación con la ley de Comunicación Audiovisual que "devele las falacias" con que el grupo Clarín impide su aplicación plena.

"Hoy son los medios concentrados los que ponen en jaque a los gobiernos democráticos", sostuvo Gils Carbó, al exponer ante los miembros del máximo tribunal.

"Solicito a esta Corte Suprema que dicte un fallo histórico develando las falacias de este proceso", solicitó la procuradora en su mensaje, en el que buscó explicar que la estrategia seguida por el grupo Clarín "fue introducirnos en un terreno de falacias", como el que indica que con la aplicación de la norma "se viola la libertad de expresión y del derecho de propiedad".

Como otra "falacia", la funcionaria judicial marcó el hecho de que se presente como un "conflicto entre el gobierno y una empresa", lo cual "simplifica la realidad y se ocultan bienes colectivos que están en juego" y pone al grupo en una posición de "falsa debilidad".

Gils Carbó asimismo denunció que "la conformación de la concentración mediática" del grupo Clarín "proviene de reiteradas violaciones a la ley" y que la "piedra angular tuvo lugar en el `77 con la adquisición de Papel Prensa", empresa que es investigada por su "participación en delitos de lesa humanidad".

"No puede haber derechos adquiridos afectados ni violación del derecho de propiedad privada a partir de una construcción hecha violando los derechos humanos. Esta posición nació con un oligopolio vertical en la prensa escrita durante el terrorismo (de Estado), y continuó con la complacencia de gobiernos democráticos, violando leyes vigentes", indicó.

Asimismo, acusó al grupo de obtener "beneficios legislativos y judiciales, gracias al inmenso poder de lobby, con potencialidad extorsiva que proporciona la concentración mediática".

Por último, dijo que "la concentración mediática es contraria a la libre información y es incompatible con la formación de una voluntad popular y libre en democracia", y abogó para que la ley de medios "limite esta actividad de concentraciones en ejercicio del deber constitucional de defender el interés general de la sociedad".

La ley de Medios fue aprobada en 2009 por el Congreso, pero una medida cautelar otorgada a Clarín dejó sin efecto dos de sus artículos, el 45 y el 161, que regulan las transferencias de licencias y los plazos de aplicación, y, por esa razón, aún quedó trunca la aplicación plena de la norma.

La Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) y la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), entre otras organizaciones, convocaron a "la jornada nacional en defensa de la ley que el pueblo escribió", en referencia a la Ley de Comunicación Audiovisual.

La jornada se realizó en la plaza Lavalle frente al Palacio de Tribunales donde se desarrolla la audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia.

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