Moliné O'Connor confirmó ayer que apelará a la Corte y a organismos internacionales para voltear la suspensión que, casi de madrugada, le decretaron los senadores en el marco del juicio político. Gregorio Badeni, abogado del ministro del Poder Judicial, señaló que, después de recibir la notificación de la suspensión en las funciones de juez, su defendido «va a presentar un recurso extraordinario» con la intención de que se revise la medida. No obstante, Badeni se mostró escéptico y consideró que «el justicialismo tiene mayoría propia en el Senado y seguramente destituirá a Moliné, ya que ahora la política está por encima de la ley». La Comisión de Juicio Político de Diputados, en ese sentido, avanzó en cargos a estrenar contra el mismo magistrado del máximo tribunal.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Con la aprobación de la suspensión, el oficialismo afianzó en la madrugada de ayer una nueva mayoría automática, no en la Corte, sino en el Senado, disciplinada a Néstor Kirchner y a su alter ego en el Congreso, Cristina Fernández de Kirchner.
Esa mayoría automática consiguió suspender con 2/3 de los votos a Moliné, a pesar de que había desechado el desafío radical-de hacerlo con esta mayoría calificada y no por mayoría simple de sufragios, tal cual defendían los peronistas, temerosos de no alcanzar semejante cantidad de adhesiones.
• Alivio
Los 2/3 no fueron holgados: de los 58 presentes a la hora de la votación, 0.35 de ayer, sólo acompañaron la suspensión 40, uno más de los 39 requeridos. El resto, 18 legisladores -repartidos entre 3 PJ disidentes, 4 provinciales y los demás UCR-, rechazó, con matices, la posibilidad de considerar la suspensión. Fue un alivio lograr 2/3; lo contrario hubiera desatado una polémica extra sobre la legitimidad de la decisión de dejar a Moliné afuera del máximo tribunal.
Los radicales fueron muy homogéneos, a excepción de Rodolfo Terragno (estuvo a favor de la medida, pero exigió que fuera con 2/3), quien mantiene bancada propia junto con el ausente Juan Carlos Passo. El chaqueño Eduardo Moro subrayó que «la Constitución no autoriza la suspensión preventiva de un miembro de la Corte, ni siquiera hay ley que la disponga y tampoco se contempla -y se ha dicho-la suspensión preventiva del presidente de la Nación, seguramente porque ha preferido actos definitivos y no cautelares, y porque ha juzgado de menor valor la ausencia de la posibilidad de suspender anticipadamentefrente a los peligrosy perjuicios que produciríala posibilidad de interrumpirpreventivamente la función de uno u otro, cosa que en el marco teórico puede, sin duda, conducirnos a una decisión final de no responsabilidad, de no culpabilidad o de exculpación».
Su correligionario de Santa Cruz, Carlos Prades, abundó: «Me pregunto cuál es el sentido, si no es político, de que el país mañana lea en todos los medios que fue suspendido el miembro de la Corte enjuiciado. ¿Cuál es el beneficio y el rédito que se obtienen frente al anhelo de todos en cuanto a mejorar la calidad institucional, elevar el nivel de todos los cuerpos colegiados y el funcionamiento de la Justicia? Creo que no es conveniente, prudente ni necesario hacer eso, porque no hay ningún peligro... Soy consciente -además lo he interpretado acabadamentede que el nuevo gobierno quiere cambiar la vida de los argentinos, mejorar la calidad institucional y la transparencia de los tres poderes. Pero éste no es el camino; nos vamos a equivocar una vez más, porque a quien estamos juzgando no es sólo un ciudadano -y, aunque se trate simplemente de un ciudadano cualquiera, también merece el mayor de los respetos-, sino que se trata de una persona que ocupauno de los nueve lugares más importantes de los tribunales de la Argentina», concluyó el comprovinciano y opositor de los Kirchner.
Fiel a su estilo, el santiagueño José de Zavalía prefirió plantear sus discrepancias con mayor crudeza, al protagonizar la siguiente secuencia sobre el cierre de la sesión de juicio político. José de Zavalía: Estamos ante un hecho totalmente consumado, con un fuerte contenido autoritario... Varios senadores: ¿ Autoritario? J. de Z.: Sí; por los argumentos que hemos escuchado de los distintos legisladores, tanto jurídicos como políticos. Pero yo quiero remontar algo que dije en un principio: nosotros estamos inhabilitados moral y políticamente... Varios senadores: ¿ Moralmente? J. de Z.: Sí, estamos inhabilitados, porque el presidente de la comisión acusadora, el diputado nacional Falú -presente aquí-, nos acusó a los senadores radicales, peronistas y de los partidos provinciales... (se escuchan murmullos). ¡No le permito, Pichetto! ¡Usted no me va a interrumpir más!... Perdón, pero ésta es la segunda vez que el presidente del bloque justicialista me interrumpe. ¡No me van a hacer callar! Nosotros estamos inhabilitados. Aquí se dijo que el juez Moliné O'Connor no está en condiciones morales de desempeñar su cargo. Pero tampoco ninguno de nosotros está en condiciones morales de desempeñar nuestro cargo de juez... Malvina Seguí: ¡Llámelo al orden, señor presidente! J. de Z.: Repito, no estamos en condiciones de desempeñar nuestro cargo de juez. ¡Mientras no exista una rectificación del presidente de la comisión acusadora de la Cámara de Diputados yo me siento inhabilitado para poder juzgar! Esto es lo que le quería decir a la presidenta de la Comisión, que quiere ordenar como si este Senado fuera su casa. ¡Esta no es su casa! ¡Esta es la casa de la democracia!
Dejá tu comentario