4 de junio 2008 - 00:00

Monjas: Astiz de nuevo a juicio

El juez federal Sergio Torres elevó ayer a juicio oral y público la causa por la desaparición de las monjas francesas Alice Domon y René Leonie Duquet y de una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, entre otros.

Justo cuando en Roma Cristina de Kirchner lloraba por la lentitud con que se desarrollan los juicios por supuestas violaciones a los derechos humanos.

Por este proceso serán juzgados los marinos Alfredo Astiz, Jorge «Tigre» Acosta, Antonio Pernías y Juan Carlos Rolón, entre otros, aunque no tendrán como acompañantes al ex militar Ricardo Cavallo, procesado por los mismos hechos, pero sin haber sido enviado aún a juicio oral.

En ese sentido, el Tribunal Oral Federal 5 (TOF5) deberá juzgar, además, a Raúl Enrique Scheller, Alberto Eduardo González, Ernesto Frimon Weber, Jorge Radice, Néstor Omar Savio, Julio César Coronel y el ex policía Juan Carlos Fotea.

Se los acusa de haber presuntamente participado del secuestro y posterior desaparición de Villaflor, Domon, Duquet, José Julio Fondevilla, Angela Aguad, María Ponce de Bianco, Eduardo Horane, María Ester Ballestrino de Careaga, Patricia Oviedo, Raquel Bulit, Remo Berardo y Horacio Elbert.

«La estadía de este grupo en el centro clandestino de detención se prolongó aproximadamente entre siete y diez días, luego de los cuales fueron trasladados por personal de la Marina y de fuerzas de seguridad», especificó Torres en su resolución.

Además, Torres narró la participación que tuvo Astiz, quien se infiltró en ese grupo de familiares «buscando ayuda y consejo, haciéndose pasar por el hermano de un desaparecido y pidiendo que se lo incluyera en sus pretensiones. Así fue como el nombre de Gustavo Niño integró la solicitada publicada el día 10 de diciembre de 1977 en el diario 'La Nación'». En la ESMA «funcionó, durante la dictadura militar que gobernó al país a partir del 24 de marzo de 1976, un centro clandestino de detención donde fueron interrogadas personas mediante torturas, manteniéndolas en cautiverio bajo condiciones inhumanas de vida y alojamiento», expresó el juez en su resolución.

«Tal práctica se realizó en forma sistemática obedeciendo a un plan desarrollado para obtener la mayor información posible de aquellos que eran detenidos. A tal efecto, la detención debía prolongarse por el tiempo necesario para obtenerla y para lo cual se estableció como método el uso de tormentos, tratos inhumanos, la imposición de trabajos y el convencimiento creado a los secuestrados de que nadie podría auxiliarlos», concluyó el magistrado.

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