La renovada amistad entre el gobierno nacional y el monopolio «Clarín» tuvo ayer una prueba más, cuando los abogados del grupo Noble-Magnetto informaron a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que su controlada, Papel Prensa, prorrogaba un año más el cobro de créditos que tiene contra la agencia oficial «Télam».
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En nota remitida a la CNV se recuerda además que esos créditos habían sido cedidos a Papel Prensa por sus beneficiarios originales, los diarios «Clarín» y «La Nación». En la actualidad la empresa de los Saguier Mitre -que comenzó siendo socio igualitario de «Clarín» en este verdadero monopolio del papel para diarios- sólo retiene menos de 22% de las acciones de Papel Prensa; el Estado (que la construyó y luego se la regalo a «Clarín» y socios) tiene cerca de 24%, y el resto está en manos del conglomerado que dirige Héctor Magnetto.
La insólita prórroga (una más), que sólo puede comprenderse como una devolución de favores a cambio del permiso para fusionar Cable-Visión y Multicanal, además de otras «gentilezas» mutuas, se extenderá ahora hasta el 31 de mayo de 2009. El curioso argumento de los abogados de «Clarín» es que la misma se justifica en el hecho de que los créditos «se encuentran en avanzado trámite de cobranza», además de que los deudores «se encuentran al día con sus obligaciones».
En tanto, en un día particularmente activo en lo epistolar para el grupo «Clarín», su controlada CableVisión informó -también en una carta a la CNV- que existen dos apelaciones en curso respecto del fallo de la Sala «D» de la Cámara Federal en lo Comercial, convalidando el APE (Acuerdo Preventivo Extrajudicial) «alcanzado» con los acreedores de la empresa de cable, con el voto -a pesar de que la ley lo prohíbe- de algunos de sus accionistas, como el fondo Fintech. La carta admite la existencia de esas apelaciones (interpuestas por la fiscal de cámara, Alejandra Gils Carbó), pero asegura -contra lo que trascendió en ámbitos judiciales- que la Cámara todavía no se expidió al respecto. Lo que seguramente sucederá es que este tribunal de alzada rechazará los recursos extraordinarios antepuestos por Gils Carbó, con lo que a la funcionaria sólo le quedará recurrir ante la Corte Suprema. Y allí el destino de esta causa será incierto, dado que media biblioteca (al menos) está escrita en contra de la homologación del APE a la que accedió la Sala «D».
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