Multan al juez del caso Macri

El Consejo de la Magistratura aplicó ayer una multa de 20% de su sueldo al juez Luis Zelaya, quien tuviera a su cargo la causa penal derivada del secuestro de Mauricio Macri en agosto de 1991, por irregularidades registradas en oportunidad de la investigación de ese delito.

En el sumario se investiga si un ex suboficial de la Policía, Juan Carlos Bayarri, que estuvo procesado con prisión preventiva por el secuestro del ahora jefe de Gobierno porteño electo, fue sometido a tormentos por altos rangos de la fuerza policial.

El dictamen aprobado, elaborado por el consejero juez Luis María Cabral, corresponde a la denuncia presentada hace cuatro años por los entonces consejeros de la Magistratura Beinusz Smukler y Eduardo Orio.

Los denunciantes pidieron que se investigue si la conducta seguida por Zelaya obstaculizó la investigación contra los policías que habían torturado a Bayarri.

En ese sentido, el ex sargento había sido detenido en 1991 acusado de integrar la denominada «banda de los comisarios», que habría perpetrado varios secuestros extorsivos de empresarios, entre ellos el de Macri.

Denuncia

Bayarri fue condenado en primera instancia y estuvo alrededor de 14 años preso, hasta que la Cámara Federal consideró que debía ser absuelto porque la única prueba que lo incriminaba en la causa era su propia confesión.

Sin embargo, ni bien salió de la cárcel, el ex policía denunció que su confesión habría sido obtenida «bajo tortura y con picana eléctrica, por parte de los policías federales que en ese momento investigaban los secuestros extorsivos».

Las denuncias de Bayarri quedaron radicadas ante Zelaya, quien en varias oportunidades sobreseyó a los imputados aunque luego la Cámara del Crimen revocara esas decisiones. Se trata de los ex jefes Antisecuestros Carlos Sablich y de Defraudaciones y Estafas Vicente Palo.

A fines de 2006, el juez procesó y detuvo a los policías denunciados, quienes recuperaron su libertad en julio último, aunque siguen vinculados a la pesquisa.

Zelaya ya había sido sancionado ante una denuncia efectuada por la Cámara del Crimen que, tras un sumario administrativo concluyó entonces que el magistrado, según sus propios empleados, habría desatendido el tribunal, porque se retiraría temprano, para ir a su domicilio o a jugar al tenis.