Alberto Nisman presentó un dictamen donde comprueba infiltraciones en "Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Guyana, Trinidad y Tobago y Surinam".
El fiscal general de la causa AMIA, Alberto Nisman, denunció judicialmente que el gobierno iraní "infiltró" e "instaló" en países de América latina "estaciones de inteligencia destinadas a cometer, fomentar y patrocinar actos terroristas".
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A través de un dictamen de 507 carillas divulgado este miércoles, Nisman dio por "comprobado" que desde principios de la década de 1980 Irán planificó y concretó atentados terroristas entre los cuales se encuentra la voladura de la mutual judía en la Argentina.
El extenso documento al que tuvo acceso ámbito.com contiene "innumerable" cantidad de informes, diligencias probatorias, actuaciones en la Argentina, América latina, Europa y Estados Unidos y sentencias judiciales de tribunales de esos países que apuntan al exconsejero cultural iraní prófugo Mohsen Rabbani como la "cabeza" de las operaciones en la región.
El dictamen "prueba la identidad que se verifica en los mecanismos de toma de decisión y ejecución de atentados terroristas ocurridos en distintos países y atribuidos por sentencias firmes a agentes de inteligencia iraníes".
En el documento Nisman detalla "cómo opera, cómo se organiza, cuál es el entramado y cómo se oculta el terrorismo fundamentalista iraní" en los países sudamericanos. Al desmenuzar ese entramado, el fiscal describe el "devastador" ataque a la AMIA y vincula a las infiltraciones el "complot" que tenía previsto hacer "volar todos los tanques de combustible del aeropuerto estadounidense John F. Kennedy por parte de agentes de inteligencia iraníes residentes en Guyana y Estados Unidos". También el funcionario recuerda y aporta las pruebas de que ese atentado fue "desarticulado a tiempo por las autoridades del FBI y sus autores fueron condenados a las máximas penas de prisión".
Para Nisman, el ataque a la AMIA y al aeropuerto formaron parte de un plan de infiltración general. "Existen fuertes y concordantes indicios de que dicha infiltración e instalación de estaciones de inteligencia se habría llevado a cabo en países como Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Guyana, Trinidad y Tobago y Surinam".
En ese marco, el fiscal apeló a los "compromisos asumidos por el Estado nacional en materia de Asistencia y Cooperación Judicial, al suscribir los tratados de prevención y represión del Terrorismo y los distintos tratados de Derechos Humanos" y envió copia del profundo dictamen a las autoridades judiciales de los países de la región, a fin de que "actúen en consecuencia".
Pero además, requirió a la agencia Interpol que "extreme los recaudos tendientes a potenciar las medidas para lograr la detención de la totalidad de los acusados que se encuentran con pedido de captura internacional".
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