Cuando la presión tributaria se convierte en opresión, no hay lazos políticos que perduren, más en una sociedad como la argentina que tiene memoria débil. Se recuerdan algunos ejemplos de rebeliones tributarias que respondieron tanto a las políticas de un gobierno liberal como el de Carlos Menem como a uno populista como el de Néstor Kirchner.
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Un caso claro y reciente es la rebelión que sufrió el subsecretario de Ingresos Públicos de la provincia de Buenos Aires, Santiago Montoya, a comienzos del año pasado, cuando empezó con los operativos para secuestrar los automóviles de los contribuyentes morosos con el apoyo del entonces gobernador Felipe Solá.
La memoria de los argentinos debe tener presente, además, el impuesto para calmar la protesta de docentes durante el gobierno de Menem por una mejora salarial. La respuesta del gobierno fue crear un tributo que alcanzaba a todo titular de vehículos cuyo valor superara los $ 4.000, cuando la economía transitaba por esos años la convertibilidad, y $ 1 era igual a u$s 1. Este impuesto fue el más evadido en la historia tributaria de la Argentina, con solamente 15% de cobrabilidad.
En 1994, cuando Carlos Tacchi era titular de Ingresos Públicos, en Santa Fe se creó un sistema de evasión muy particular, con participación de la gobernación de la provincia. Cada vez que se acercaba un inspector de la AFIP a los establecimientos agrícolas y lecheros, los bomberos prendían la sirena a modo de aviso para que, especialmente los acopiadores de granos y los frigoríficos, organizaran los papeles.
Por su parte, Jorge Telerman también sufrió una rebelión cuando transitaba la gobernación de la Ciudad de Buenos Aires en este mismo año. El desencadenante fue el anuncio del aumento en el impuesto de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL), que dio vuelta la Legislatura porteña y hasta algunos aliados de Telerman se manifestaron en contra.
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