¿No será un exceso?

Política

Un crimen, cualquiera, debe ser lamentado. E investigado. Todos los días, en todas partes. Con incuestionable voluntad política, sin embargo, hoy sólo parece desplegarse la protesta contra la muerte del maestro Carlos Fuentealba, en Neuquén (el autor está detenido). Ayer hubo mitines y huelga, se propagó, además de la queja, la insinuación directa de que el responsable de ese asesinato fue Jorge Sobisch, gobernador en la provincia y hoy candidato a la presidencia. Por supuesto, opositor. Como si este vendaval oficialista de protesta no alcanzara, antes de las elecciones se prometen sesiones extraordinarias de legisladores en la provincia, viajes exprés y escándalos para repudiar a Sobisch. No sólo parecen quitarlo de la carrera presidencial, sino también del país. Pocas veces se ha visto este tipo de manifestaciones tan recurrentes por el responsable político de una muerte, cuando ninguno de los que protestan tal vez ni siquiera lamentaron el masivo y guiñolesco incendio, con Aníbal Ibarra al frente de la Municipalidad, que la desidia arrasó con 194 muertos.

Una vez más, la Casa Rosada kirchnerista volvió a recurrir a la táctica de pegarle al opositor en estado de debilidad. Por eso ayer, el paro nacional docente se convirtió en un acto de campaña electoral contra el candidato Jorge Sobisch, señalado por gremialistas del oficialismo como el responsable de la muerte del maestro Carlos Fuentealba en Neuquén.

El gobernador neuquino, sin embargo, no eludió el tema y volvió a asumir públicamente su responsabilidad política a seis meses de la muerte del docente. No le alcanza eso al gremialismo kirchnerista de Hugo Yasky y la CGT, quienes dejaron a más de siete mil alumnos sin clases y ahora piden que se enjuicie y destituya al sureño. Exigencia que contrasta con el forzado silencio que mantienen estos grupos de choque del oficialismo ante hechos casi despiadados como la embestida del funcionario kirchnerista Daniel Varizat contra un grupo de indefensos manifestantes en Santa Cruz, o el linchamiento del policía Carlos Sayago en la santacruceña localidad de Las Heras.

  • Rechazo

    Si bien el candidato presidencial del Movimiento Provincias Unidas ratificó ayer desde sus oficinas porteñas su «responsabilidad política», rechazó las imputaciones de quienes lo tratan de «asesino» y volvió a acusar a la Casa Rosada de financiar la protesta de ayer. «Tengo la misma mirada, de asumir la responsabilidad política, de dar la cara y de no especular con una desgracia que vivió todo el pueblo neuquino y en especial la familia Fuentealba», afirmó Sobisch, en declaraciones radiales.

    No obstante, el gobernador -en uso de licencia hasta los comicios del 28 de octubre- cargó contra la dirigencia sindical, a la que acusó de «victimizarse y esconderse detrás de un hecho de esta naturaleza». Ayer, unos cinco mil manifestantes y docentes convocados por CTERA y CTA, así como integrantes de organizaciones sociales kirchneristas marcharon desde Avenida de Mayo y 9 de Julio al Congreso Nacional en reclamo del esclarecimiento del fallecimiento de Fuentealba.

    Los docentes encolumnados detrás de estandartes realizados con delantales que armaban la frase «Nunca Más» marcharon encabezados por el titular de la CTA y del gremio docente, Hugo Yasky, socio de Néstor Kirchner en la modificación de la Ley Federal de Educación que aumentó el poder de los sindicatos. También estuvo Stella Maldonado, de SUTEBA, la esposa de Fuentealba, Sandra Rodríguez, los encapuchados de Quebracho -cuyo cabecilla, Fernando Esteche fue casualmente liberado un día antes de la protesta, tras haber estado preso por destrozar un local partidario de Sobisch- e integrantes de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, como Nora Cortiñas y «Tati» Almeyda.

    «Esto fue multitudinario y se ha puesto mucha fuerza. Espero que este reclamo deje una huella, una impronta dentro del sistema democrático. Un gobernador que da una orden como la que él dio en ese momento no puede ser considerado jamás como candidato a la Presidencia», enfatizó la viuda de Fuentealba, tras entregar un petitorio en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso.

    En la Cámara de Diputados, el también legislador kirchnerista Remo Carlotto fue el encargado de recibir el documento y se comprometió a trabajar por el «esclarecimiento de la autoría material y la cadena de responsabilidades políticas y operativas» en torno al episodio. Aseguró que este caso «es una demanda nacional de justicia», y destacó que hay que «romper los cercos de impunidad que puedan existir frente a cualquier tipo de acción que busque reprimir las demandas legítimas del pueblo».
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