No son para distribuir sino para concentrar

Fue difícil hasta ahora entender por qué Néstor Kirchner se empecinó en apurar el otorgamiento de superpoderes al jefe de Gabinete para disponer cambios en el Presupuesto nacional. Se argumentó la necesidad de cambiar el destino de fondos sin consultar al Parlamento, y la oposición se concentró en la vocación hegemónica del Presidente. Pero aunque algunos de esos argumentos parecen razonables, no explicaban técnicamente por qué pagar el costo político de eliminar potestades del Poder Legislativo, cuando puede disponer de $ 12.000 millones de excedentes o fondos extra para emergencias y así digitar el gasto. La explicación real parece tener un sentido distinto: el gobierno no quiere redistribuir más, sino reconcentrar los fondos. Kirchner abrió una cantidad de cajas, planes de obras, subsidios y partidas especiales que hoy se llevan buena parte de la recaudación. Y necesita luego retornar esos fondos temporalmente al Tesoro para atender necesidades básicas, como pagar la deuda. Con los superpoderes no sólo podrá hacerlo, sino que, además, no tendrá que dar explicaciones de este sistema contable.

Viejos amigos festejan entre las bancas el miércoles en la Cámara de Diputados: Luis Barrionuevo, Alberto Balestrini, Carlos Ruckauf y Jorge Landau. Todos, aunque por distintos caminos, mutantes del duhaldismo la pasión kirchnerista.

El gobierno consiguió ayer a la madrugada convertir en ley finalmente su polémico proyecto de modificación al artículo 37 de la Ley de Administración Financiera, más conocido como los superpoderes para modificar el Presupuesto. Fueron casi 11 horas de debates que terminaron con una votación donde el oficialismo ganó por 135 votos a favor contra 91 de la oposición.

Pero no hubo en esa maratón de discursos ni un solo argumento técnicamente efectivo para explicar por qué el gobierno estuvo dispuesto a pagar el alto costo político de exigirle al Congreso la cesión permanente de esas facultades que le permitirán cambiar no sólo el destino de las partidas sino -y aquí el rasgo mas polémico- también la finalidad. Es decir, el poder para ejecutar como gasto corriente partidas destinadas a gasto de capital -como obras públicas, inversiones- o viceversa.

Defensa

Por lo menos no se lo dijo en el recinto donde el kirchnerismo prefirió defender la norma con argumentos que no resistirían el análisis de un estudiante de Derecho Constitucional, como el que dice que lo votado es una reglamentación de la Ley de Administración Financiera votada en 1992, para aggiornarla a la Constitución de 1994 que creó la figura del jefe de Gabinete, por ejemplo. Alguien pidió al escuchar esto que se verifique a quiénes están contratando como asesores los diputados del oficialismo.

¿Qué fue entonces lo que realmente buscó el gobierno en el recinto esa noche? Quizás el error hasta ahora para comprender el apuro del gobierno en contar con esas facultades permanentes haya sido pensar -siguiendo la lógica común de estos casos- en la necesidad de la Casa Rosada de poder redistribuir fondos presupuestarios -con los excedentes de recaudación siempre lo puede hacer- sin límites y sin tener que consultar al Congreso. Un análisis de la forma en que la administración Kirchner maneja los fondos indicaría que si existe una necesidad, es la absolutamente contraria a ese principio: volver a concentrar temporariamente en la Tesorería los fondos que alimentan hoy la infinidad de cajas que este gobierno ha creado para financiar programas, planes, obras, subsidios y proyectos, que provocan desfinanciamiento momentáneo para obligaciones básicas que incluyen, por ejemplo, hasta la disponibilidad para cancelar deuda.

La presidencia Kirchner se ha caracterizado por descentralizar el manejo de fondos de la Tesorería, otorgando financiamiento, en muchos casos de transferencia automática, a una infinidad de actividades. Entre las más conocidas está la obra pública, pero también se pueden mencionar los fondos fiduciarios. Otros rubros son mucho más básicos, como el pago de jubilaciones.

Por eso, a quienes sabían escuchar, les llamó la atención el ejemplo que dio en el recinto de sesiones Claudio Lozano: «Cuando a raíz de un decretode necesidad y urgencia nos dijeron que iban a destinar 1.000 millones de pesos para los jubilados, la partida correspondiente tenía un excedente de 3.000 millones de pesos. Consecuentemente, esos 3.000 millones de pesos que quedaban en la partida de los jubilados -no se había previsto aumento alguno- fueron destinados al pago de deuda pública», dijo.

Este ejemplo muestra claramente la utilidad de lo que conocemos como superpoderes. Más tarde, un diputado kirchnerista tuvo que confesar, siempre reclamando ocultar su identidad, la justificación que nadie quiso dar en el recinto: «Se giran fondos a tantas cajas distintas y esos quedan inmovilizados, que después hace falta volver a traerlos para cubrir necesidades. El caso de la deuda es uno de los más claros». Es decir, reiterando, el gobierno necesita poder para llevar nuevamente ese dinero al Tesoro y éste, una vez recompuesto, volver a girarlo a su destino de origen. Si todo este cambio se hiciera a través del Presupuesto Nacional, no se podrían comprometer muchas partidas y planes que se anuncian diariamente. Ni que hablar si además todo ese proceso quedara expuesto a un continuo debate parlamentario, de no existir los superpoderes.

Modificación

«Todos los meses tenemos superávit fiscal, es decir, una gran recaudación, pero ella no es del Tesoro, sino que pertenece parcialmente a la AFIP, a la ANSeS, al INTA y a cada sector que tiene una recaudación propia. Y cuando hay que pagar cuentas -éstas existen y llegan, máxime cuando hay dificultades en materia de crédito-, ¿qué hace normalmente el Estado? Le pide prestado a otro. Y a veces tiene el dinero, pero no la partida. Consecuentemente, ello requiere una modificación de esta última.» La explicación corresponde al discurso del santafesino Oscar Lamberto esa noche en el recinto y refleja, aunque no totalmente, el centro del problema. Muchos tampoco lo entendieron en ese momento.

Siguiendo los lineamientos más modernos en materia de contabilidad nacional, podría decirse que la tendencia mundial en la materia recomienda regirse por el principio de «caja única» del Estado desde donde se distribuyen los flujos de fondos. Se evita así, entre múltiples defectos, el sectorizar el financiamiento de cada área de la administración con los peligros de desfinanciamiento que conlleva.

Como el gobierno eligió el camino totalmente opuesto, podría decirse que optó por -para eliminar ese problema- adherir al concepto de « partida única» en el Presupuesto Nacional.

Es decir, como no puede unificar los ingresos del Estado en una cuenta y desde allí asignar los fondos de acuerdo con las partidas del Presupuesto Nacional, establecer el compromiso de gasto de cada una y luego ejecutarlas -porque debe hacer reasignaciones continuas y en el futuro quizá tenga que acelerar ese proceso-, se optó por contar con la facultad de unificar todo el gasto y modificarlo en un trámite más que rápido, como es una resolución del jefe de Gabinete.