Obra social: conflicto por segundo fallo en contra

El designado interventor de la obra social de empleados porteños, Jorge Rey, concurrió ayer por la mañana a la sede central de la ObSBA. Otro fallo judicial, luego puso en vigencia al directorio de la entidad.

«¿Se puede pedir el juicio político?», preguntó bramando Mauricio Macri en una junta de funcionarios, tras enterarse de un nuevo fallo judicial contra la reintervención de la obra social de empleados municipales (ObSBA).

Enseguida salió al cruce el procurador porteño, el abogado de la Ciudad, Pablo Tonelli, y le giró el tema: «Lo importante ahora es apelar la medida». Pero todos siguieron los pasos de Macri criticando a la jueza Elena de Liberatori, quien ayer, ante un nuevo amparo de los sindicalistas contra la intervención resolvió desactivarla en apenas unas horas, fallando contra el redecreto de Macri que insiste con la medida. La pelea con los gremios de la Ciudad, es ahora una cuestión de conflicto de poderes y complejo de resolver y podría llegar hasta la Corte, con paso previo por el Tribunal Superior de Justicia.

La semana pasada, la magistrada había resuelto suspender el decreto de necesidad y urgencia de Macri, que nombraba interventor de la prestadora social a Jorge Rey. Inmediatamente el macrismo con la ayuda de la Coalición Cívica de Elisa Carrió, sancionó una ley que faculta al jefe de Gobierno a intervenir la obra social. Ayer, con la norma promulgada, en la misma página del Boletín Oficial, Macri decretó la reintervención y Rey se sentó en la sede de la ObSBA, a la mañana. Pero a la tarde era nuevamente el interventor intervenido, cuando los abogados de la obra social, Andrés Gil Domínguez y Horacio Ferro, llegaron a los tribunales porteños con el recurso de amparo.

Sin embargo, en esta ocasión Liberatorisuspende solamente el punto del decretoque dispone el cese de funciones del directorio de la ObSBA que conforman sindicalistas y funcionarios y que preside Patricio Datarmini.

De esa manera, Rey sigue como interventor pero exclusivamente para llevar adelante los puntos de la ley que hablan de desregulación y reconversión de la obra social y también continúa el directorio original.

«Conviven dos autoridades, es un disparate», le explicó Tonelli a Macri en la tenida de la que participaban el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, y el ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, entre otros.

«Martín Borrelli ya dijo la semana pasada que se podría hacer un juicio político», se sintió e inmediatamente Macri pidió que le traspasen la preocupación a los legisladores porteños, para que resuelvan si es procedente un enjuiciamiento.

Mientras tanto, hoy mismo el Gobierno porteño apelará la medida ante la Cámara del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires y le ha pedido a Rey que ejerza su cargo, ya que ratificó que la intervención «continúa vigente en todos sus términos».

Si hoy el gobierno presenta la apelación, la jueza tendrá 5 días para girar el expediente a la Cámara, que no se extendería demasiado en dar su opinión.

«Por lo menos hay motivos y causas para considerar el juicio político», explicó Tonelli a este diario.

Enumeró que, entre esos motivos está «la inusitada celeridad con que se expidió, la violación de las normas procesales ya que ni siquiera hizo traslado al gobierno y el disparate que es el fallo».

El procurador dijo que la resolución «es jurídicamente insostenible» y comparó con que «es lo mismo que intervenir una provincia dejando que se quede el gobernador». Pero, explicó que Rey, de acuerdo al fallo, está autorizado a llevar a cabo la reorganización de la obra social, aunque en la práctica nadie imagina esa convivencia de interventor con sindicalistas. La semana pasada el legislador Borrelli, con el primer fallo de Liberatori había deslizado la posibilidad de pedir un juicio político a la magistrada, lo cual sonó exagerado.

Ahora el gobierno quiere que los diputados macristas estudien el caso, pero sólo quedan algunos en Buenos Aires, como el propio Borrelli, Diego Santilli y Oscar Moscariello, quienes piensan convocar hoy a otros legisladores del bloque que no estén de vacaciones para considerar si hay realmente causas para un juicio político o es sólo un embate más del macrismo.