El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos puso en marcha un programa de recompensas de 100 mil pesos para quienes brinden información "determinante" para dar con el paradero de menores que hayan sido sustraídos ilegalmente durante la última dictadura militar.
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El ministro de esa cartera, Julio Alak, acompañado por el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, y el secretario de Justicia, Julián Álvarez, firmó frente a la presidenta de la organización, Estela de Carlotto, la resolución por la cual el Gobierno colaborará en las tareas de restitución de identidad.
"Es parte del proceso de memoria, verdad y justicia impulsado desde 2003", dijo Julio Alak y explicó que la medida apunta a "colaborar en el esclarecimiento de la desaparición forzada de menores a través de la supresión de sus identidades".
Alak recordó que "si bien el arduo y complejo trabajo de las Abuelas y la Justicia permitió la restitución de 108 jóvenes, todavía hay que encontrar otros chicos a los que el terrorismo de Estado les privó su auténtica identidad".
Por su parte, la presidenta de Abuelas reivindicó la voluntad del Estado de poner al servicio del encuentro de los hijos de desaparecidos una herramienta que ya se utiliza para investigar otros graves delitos y, en ese sentido, aseguró: "Para nosotras es una nueva esperanza, porque, aunque sea por interés, ayudará a buscar".
A través del Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia, se ofrecerá en todo el país, en el marco de la Ley 26.538, la suma de 100 mil pesos "a aquellas personas, que sin haber participado en el hecho o haber sido víctimas del delito, brinden información determinante para dar con el paradero y lograr la consecuente libertad de quienes hayan sido víctimas del delito de sustracción de menores durante el terrorismo de Estado que azotó al país entre 1976 y 1983, y permitan restituir la identidad a esas víctimas", se informó oficialmente.
Se explicó, además, que la identidad de las personas que suministren la información será mantenida "en secreto", y que no podrán ser beneficiarios de la recompensa funcionarios públicos, personal en actividad o retirado de las fuerzas de seguridad ni de los organismos de inteligencia, como así tampoco los integrantes de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y sus familiares.
Por Abuelas de Plaza de Mayo estuvieron en el acto, junto a Carlotto, el secretario de la entidad, Abel Madariaga; el coordinador jurídico, Alan Iud, y Mariano Gaitán, abogado querellante.
Quienes puedan aportar información útil que permita restituir la identidad de hijos e hijas de desaparecidos apropiados durante la última dictadura pueden hacerlo llamando al (011) 5300-4020 y para más información visitar la página web www.jus.gov.ar.
"Esperamos que esta decisión ayude a romper los pactos de silencio que aún existen y que nos impiden conocer a nuestros nietos y nietas", indicó Abuelas en un comunicado.
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