El juez federal Sergio Torres archivó la denuncia contra los funcionarios que acusaron al candidato a legislador porteño por el ARI, Enrique Olivera, de tener dinero no declarado en el exterior.
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El magistrado consideró que los funcionarios no cometieron el delito de falsa denuncia, como había acusado el ARI, a pesar de que se demostró que las cuentas eran inexistentes.
El ARI había denunciado por la maniobra, realizada cinco días antes de las elecciones, al secretario de Deportes de la Ciudad, Daniel Bravo, al presidente Néstor Kirchner, al primer candidato a diputado por el oficialismo, Rafael Bielsa, al titular de la agencia «Télam», el periodista Martín Granovsky, y al jefe de Gabinete, Alberto Fernández.
El juez Torres coincidió así con el dictamen del fiscal Oscar Amirante, quien sostuvo que la formulación que realizó Bravo «no fue técnicamente una denuncia».
Lo que hizo el funcionario fue llevar a la Oficina Anticorrupción un supuesto anónimo con aspecto de resumen bancario en el que constaba que un tal «Olivera Enrique» era titular de dos cuentas no asentadas en sus declaraciones juradas patrimoniales: una en el Crédit Suisse First Boston y otra en el HSBC de Nueva York.
En la misma resolución, el juez Torres decidió enviar a la Justicia electoral una segunda parte de la presentación del ARI referida a que los votantes habían sido inducidos mediante una «campaña sucia» a no votar a Olivera.
Dejó abierta, además, la posibilidad de que el legislador querelle por presuntas calumnias a quien considere que lo haya agraviado.
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