Oposición pide huella digital para certificar cobro de programas

El radicalismo de la Cámara de Diputados presentó un proyecto para que el Ejecutivo, a través de la ANSeS, “tenga a bien disponer las acciones correspondientes para el uso de huellas digitales”, con el objetivo de blindar el “cobro de los subsidios y prestaciones sociales, por parte de Agrupaciones y Organizaciones Sociales”.

“Los fondos de las agrupaciones sociales se encuentran fuera de control por parte de los ciudadanos. El Estado carece de un organismo contralor y en muchas ocasiones los miembros de estas organizaciones son víctimas de punteros que abusan y desvían los fondos en beneficio personal”, aseguró Alvaro de Lamadrid, firmante de la iniciativa.

De Lamadrid también fundamentó, junto a otros diputados que acompañan la iniciativa, que una resolución del Banco Central sobre el uso de la huella digital en cajeros automáticos “constituye una opción que puede reducir la fricción entre los usuarios y los dispositivos tecnológicos, facilitando asimismo los pagos de beneficios sociales a personas que no poseen tarjeta de débito”.

Para la oposición, “la utilización de la huella dactilar es posible porque Argentina cuenta con una base de datos biométricos centralizada y es administrada por el Registro Nacional de las Personas (Renaper)”, lo que hará “más transparente la trazabilidad de los fondos públicos de las organizaciones sociales, permitiendo un mínimo control que en la actualidad se carece”.

De Lamadrid dejó claro que “los fondos del estado destinados a ayuda social deben ser controlados por el Estado, las organizaciones sociales no tienen obligación de rendir cuentas de sumas millonarias destinadas a este fin”. Y finalizó: “La Argentina ha sido testigo de infinidad de hechos de corrupción relacionados con los fondos de agrupaciones sociales, en los cuales sus miembros son utilizados y esclavizados por sus máximos dirigentes”.

La discusión sobre el uso de mecanismos de control para el cobro de planes sociales, asignaciones o subsidios por parte del Estado a cooperativas de trabajo lleva años en la Argentina. De hecho la conversión del sistema de pago mediante tarjeta bancaria directa fue un avance. Ahora se pide la certificación por huella para evitar desvios en el cobro por el beneficiario.