Organizaciones agrupadas en la Iniciativa Ciudadana para el Control de los Servicios de Inteligencia (ICCSI) solicitaron a los tres poderes del Estado que "adopten las medidas adecuadas" para investigar en forma "urgente" al director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, a quien se acusa de haber recibido transferencias por casi 600 mil dólares de parte de un operador de la constructora brasileña Odebrecht.
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Así lo hicieron a través de una serie de notas giradas a la Secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, a la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia y a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, se informó.
La ICCSI, integrada por el CELS, ADC, la Fundación Vía Libre, Ilsed y la UMET, advirtió que si bien los hechos sucedieron en 2013, "se suman a la larga lista de actividades sospechosas" que motivaron que, en julio pasado, presentaran una impugnación a la postulación de Arribas para ocupar el cargo que ejerce.
Las organizaciones lamentaron que la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación y luego "la enorme mayoría de los senadores nacionales, desoyeron las advertencias" que formulan, y "sin siquiera indagar respecto de los antecedentes del candidato, dieron su aval para que un escribano dedicado a la compraventa de jugadores de fútbol esté a cargo del organismo superior del Sistema de Inteligencia Nacional".
"Además de su absoluta falta de formación para el ejercicio del cargo, y las omisiones en su CV para conocer su relación actual con empresas y sociedades anónimas en las que participó, señalamos sus antecedentes en el negocio del fútbol, como representante e intermediario de jugadores y clubes, una modalidad de negocios cuestionada por la falta de transparencia y las posibilidades que ofrece para la evasión y el lavado de dinero, entre otros delitos", advirtió la ICCSI.
E insistió que por esa actividad Arribas "fue vinculado a cuestionadas operaciones de triangulación de jugadores con el fin de evadir impuestos, y mantiene una causa penal abierta".
Por ello, la ICCSI requirió a las autoridades competentes "que investiguen con celeridad los hechos", aunque advirtió a la vez sobre "la dudosa viabilidad de cualquier investigación que pretenda indagar sobre quien ejerce el cargo de titular de la AFI mientras continúe en su rol, ya que tiene acceso a mecanismos que pueden obstaculizar cualquier tipo de pesquisa".
"Corresponde que el sistema político adopte un serio compromiso y rol de control claro frente a un sistema de inteligencia en crisis por su opacidad y actividades ilegales. Es fundamental que se den los mensajes necesarios para forzar que quien esté a cargo de la AFI demuestre una trayectoria transparente y no se encuentre vinculado a actividades económicas asociadas al lavado de dinero y la corrupción", indicó la entidad.
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