Otro avance de la CGT que perjudica al país

Todavía no hace dos meses desde que comenzó el diálogo entre el gobierno y la CGT, y los viejos sindicalistas del PJ ya le están pidiendo a Néstor Kirchner que los incorpore a la estructura del Estado para cogobernar allí donde haya administración de recursos. Empezaron, con la excusa del demagógico fallo de la Corte sobre indemnizaciones de accidentes de trabajo, con el control de la seguridad en las empresas. La cúpula sindical visitó ayer al ministro Carlos Tomada para pedirle la creación de una Secretaría de Riesgos Laborales con una conducción tripartita de empresarios, trabajadores y sector público. Sería el final para la Superintendencia de ART, que tiene autonomía funcional. Los sindicalistas también quieren que en cada empresa haya un «delegado sanitario», seguramente con estabilidad laboral. Respecto de la razón por la cual se la convoca -acotar el régimen antiempresas al que habilitó la Corte-, la CGT de Rueda, Moyano y Lingieri propuso convertir el fallo del tribunal (que es letal para las pymes y la inversión en el país) en un artículo de la nueva ley. De ese modo se podría ir contra las compañías con demandas civiles por accidentes, además del procedimiento de protección establecido actualmente. Eso sí, los sindicalistas se cuidan de que los acusen de trabajar para abogados y peritos, industriales del juicio, y piden que se acoten los honorarios a no más de 25% de lo que se reconoce al indemnizado. Es el único síntoma de moderación de su sugerencia.

Hugo Moyano

La conducción de la CGT visitó ayer a Carlos Tomada para dejar sobre su mesa un listado con los criterios según los cuales, a juicio del gremialismo, debería redactarse la próxima reforma a la Ley de Riesgos del Trabajo. A la sede del ministerio llegaron Susana Rueda, Hugo Moyano, Gerardo Martínez y Juan Manuel Palacios. Del otro lado de la mesa, Tomada; su segunda, Noemí Rial, y el jefe de gabinete Norberto Ciaravino.

La propuesta de los sindicalistas es importante desde el ángulo político: se trata del primer avance sobre el aparato del Estado, ya que reclaman que se disuelva la Superintendencia de Riesgos del Trabajo para que sea sustituida por una secretaría en la que tengan intervención los empleadores, los sindicatos y el Estado. Operación típicamente vandorista, esta pretensión supone desde el primer momento que no será concedida pero que, por lo menos, podrán ubicar a sus representantes en la Superintendencia, tal como está concebida actualmente.

Cuando el gobierno abrió la puerta a la CGT para discutir los problemas sociales con los gremialistas tradicionales y no con los piqueteros, este diario advirtió que los capitostes del movimiento obrero soñaban con ubicarse en cada uno de los rincones del Estado en los que hubiera regulaciones por aplicar o recursos por administrar. El de ayer es el segundo paso en esta dirección (el primero lo dio Moyano anegando con los suyos la Secretaría de Transportes). El viaje termina en la designación de agregados sindicales en las embajadas de París, Roma, Madrid y Londres, previo paso por la ANSSAL, la Superintendencia de Salud, la de AFJP, el Banco Central, el ENRE, Enargas, Lotería SE, los fondos fiduciarios que imaginan Julio De Vido y Guillermo Moreno y, por supuesto, ENARSA.

• Irresponsabilidad

Sobre la cuestión específica de los accidentes de trabajo, sobre cuyo sistema de resarcimiento se expidió la Corte hace tres semanas, los gremialistas ortodoxos se pusieron a la izquierda de todo lo imaginable. «Los transversales de (Néstor) Kirchner quieren proteger a los trabajadores más que nosotros, así que nos obligan a la irresponsabilidad», dijo con cinismo uno de los conductores de la CGT. Veamos:

• Los gremialistas pretenden que la legislación adopte la doctrina recientemente emitida por la Corte, es decir, que además de apelar al sistema de protección que ofrece la legislación (el procedimiento de las ART), el trabajador pueda ir contra la empresa también por la vía civil. En otras palabras, en vez de concebir una ley que evite las desmesuras en contra de las empresas y la inversión (para eso se comenzó a discutir una reforma después de ese fallo demagógico), la CGT pretende legislar a partir de la sentencia.

• Proponen también que se adopte como base de cálculo indemnizatorio el salario básico más todos los adicionales ( productividad, presentismo, etc.) de modo tal que la remuneración posterior al accidente nunca pueda ser inferior a 80% de lo que cobra el beneficiario.

• Debe haber responsabilidad solidaria entre la empresa y la ART. Es decir, si la ART no hace frente a la cobertura de su afiliado, la empresa deberá hacerse cargo del costo por haber elegido a una administradora insolvente.

• Las empresas deben contar con una foja de antecedentes (una especie de «historia clínica») en materia de accidentes: este criterio trata de que no puedan cambiar de ART sin exhibir el grado de seguridad que ofrecen a los empleados.

• Igual que con el Estado, la CGT quiere avanzar sobre la organización de la empresa: quiere que haya en cada compañía un «delegado de seguridad e higiene», que seguramente será inamovible y tendrá fueros.

• Para evitar que se les reproche restablecer la «industria del juicio», los sindicalistas pretenden también que los aranceles de los procesos por accidentes no puedan superar, tomando en cuenta la totalidad de profesionales intervinientes, 25% del total de los asignados a la víctima.