Otro duro revés a la controvertida caja de jubilaciones de los abogados porteños. El jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Telerman, firmó ayer un decreto que libera a 25 mil abogados del doble tributo compulsivo, al tiempo que desconoció facultades de la Caja de Seguridad Social de los Abogados (Cassaba) para reglamentar la ley que le dio origen. Telerman, también intimó a la Caja para que deje sin efecto su autorreglamentación bajo apercibimiento de impugnarla judicialmente. La decisión del Gobierno porteño es importante porque impide que los abogados que optaron por quedarse en la caja de previsión de la provincia de Buenos Aires deban aportar obligatoriamente en la Caja de Seguridad Social porteña.
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Los aportes a este ente es materia de discusión desde su creación. Ya hay varios fallos que declararon su inconstitucionalidad.
En el decreto que deja sin efecto la autorreglamentación Telerman consideró que la Caja es un ente público no estatal. Por lo tanto, no integran la estructura estatal y no pertenece a la Administración Pública y por tal motivo, mal podría predicarse que posea la facultad de reglamentar una ley emitida por la Legislatura de la Ciudad.
Esta era una posición sobre la cual había insistido el presidente del Colegio Público de Abogados, Jorge Rizzo, cuando en 2005 una asamblea comandada por Hugo Germano reglamentó el doble tributo para los abogados que tenían actividades en la Capital aunque hicieran sus aportes en la caja bonaerense.
Asimismo, destaca el decreto que «más allá del grado de autonomía que se pretenda asignar al ente público no estatal de que se trate, resulta imposible para éste reglamentar una ley, sin invadir la esfera de competencias propiasdel Poder Ejecutivo».
Cassaba viene funcionando gracias a un polémico fallo de la Sala Quinta de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que dispuso que los abogados debían volver a pagar, revirtiendo la decisión de una jueza de primera instancia.
El 30 de junio último, la jueza María Alejandra Biotti había suspendido mediante una medida cautelar los aportes previsionales que los abogados estaban obligados a hacer a través de Cassaba, ante una acción efectuada por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
La medida disponía «arbitrar los medios necesarios tendientes a no exigir el cumplimiento de la normativa impugnada» y ordenaba poner en conocimiento de tal decisión «al Poder Ejecutivo Nacional (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social), al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a Cassaba, a la Secretaría de la Seguridad Social de la Nación, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, a la AFIP y a los bancos de la Ciudad de Buenos Aires y de la Nación Argentina». Sin embargo, la Sala Quinta de la Cámara, integrada por Pablo Gallegos Fedriani y Jorge Morán, concedió «efecto suspensivo» a la cautelar, con lo que, en los hechos, prácticamente la dejó sin efecto. Ello implica que, a partir de la notificación de la decisión, los abogados que habían dejado de pagar esos aportes deberán desembolsarlos nuevamente.
Esta nueva decisión vuelve a poner en el tapete la discusión sobre la legalidad de Cassaba, además de complicar su existencia porque la Caja se quedará sin el tributo de más de la mitad de los aportantes que hoy tiene registrados.
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