La diputada Elisa Carrió montó ayer una escena similar a la que protagonizó cuando presentó su informe sobre los bancos, pero esta vez se dedicó las empresas privatizadas. En una conferencia de prensa en el Congreso junto a otros diputados del ARI señaló «la necesidad de revisar íntegramente» el proceso de privatizaciones iniciado en 1991.
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Los datos suministrados por la legisladora fueron considerados como «falsos» o «distorsionados» en algunas privatizadas, pero no hubo preocupación especial por el informe de Carrió. Se lo interpretó como un hecho más de la campaña de varios legisladores y políticos para «demonizar» a las empresas.
Según Carrió, deben revisarse los contratos porque «conllevan muchas cláusulas ilegales» y deben rescindirse aquellos en los que se detecten incumplimientos. Según sus cálculos, el ajuste a las tarifas finales de las variaciones de precios en Estados Unidos supuso una «apropiación ilegal» de 9.000 millones de dólares, que «debe ser devuelto a los usuarios mediante una reducción tarifaria».
• Cautelosa
Según el informe elaborado en realidad por el Area de Economía de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), 141 de las 200 empresas más grandes del país obtuvieron 16,9% de las ganancias entre 1993 y 2000, mientras que 56,8% correspondió a 26 empresas privatizadas.
Curiosamente, en el momento de formular propuestas, Carrió fue más cautelosa que algunos legisladores del oficialismo y propuso una modificación en los criterios para fijar tarifas que favorezca a las familias de menor poder adquisitivo y la prohibición del corte de los servicios a los hogares que se encuentren por debajo de la «línea de pobreza».
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