Pacto con gremios para estatizar un astillero

Para emparejar el avance del Congreso en la iniciativa de expropiar el astillero Tandanor y crear un megaastillero anexando el Domecq García (Astilleros Argentinos SAPEM), el ministro del área, José Pampuro, convocó a los gremialistas de talleres navales el martes pasado por la tarde. El gesto del ministro buscó descomprimir el clima combativo enunciado en un comunicado del Sindicato de Trabajadores de Talleres y Astilleros Navales (SITTAM) contra esa medida. Y de paso quiso descontar terreno en la competencia política al diputado duhaldista Eduardo Camaño, presidente de la Cámara de Diputados y autor del proyecto de ley junto con el diputado José Romero (PJ, Buenos Aires). La aparición de este emprendimiento impulsado desde el Congreso con la aprobación de Kirchner revolucionó el ambiente naviero y sindical. Es que la sinergia de Tandanor y Domecq García, el astillero de la Armada reinaugurado por Kirchner en setiembre de 2004, constituye un polo que compite con Astilleros Río Santiago, ubicado en el distrito de Eduardo Duhalde.

Dos contratos concentran la atención: la construcción de buques tanque para la petrolera estatal venezolana PDVSA (240 millones de dólares) y la construcción de 5 patrulleras de mar para la Armada Argentina (140 millones de dólares).

Se enrostraba a Kirchner en aquel comunicado dejar de lado a los trabajadores de Tandanor en el debate sobre la expropiación del astillero. No se había visto tanta pulcritud en la demanda sindical firmada por las autoridades del gremio naval. Después de todo, también entre los gremialistas recrudecen las nostalgias de los '70, pero no es el caso de SITTAM, una agrupación liberada de la CGT.

A las 17, con puntualidad británica, llegaron al edificio Libertador el secretario general del gremio naval, Jorge Moreno; el diputado duhaldista José Antonio Romero, y el presidente del directorio de Tandanor, Claudio González, que, en principio, no había sido invitado a la conversación.

Camaño delegó en Romero la tarea de explicar los fundamentos medulares del proyecto: recuperar el patrimonio del Estado ya que Indarsa SA (hoy en quiebra) sólo pagó 7 millones de dólares de los 59 que valía Tandanor cuando Defensa lo privatizó en 1991; asegurar que Tandanor siga dedicado a la actividad de la industria naval, pues se está por llamar a remate sin base y podría enajenarse con otro destino, y, finalmente, proteger a los obreros navales conservando vigente el Programa de Propiedad Participada (PPP), es decir, que los trabajadores continúen con la representación en el directorio por 10% del paquete accionario del que son propietarios.

Es posible que el olfato del ejercicio legislativo le haya indicado a Camaño un repliegue en la negociación preliminar con los principales actores para intuir hasta dónde y con quién debe ceder o aliarse. Hoy los proyectos de creación de Astilleros Argentinos SAPEM y de expropiación de Tandanor comienzan el recorrido en el Congreso por las comisiones de Intereses Marítimos, Defensa y Justicia.

Pampuro, casi de oyente en la reunión, siguió el libreto enunciado por el diputado Romero, quien conoce los vericuetos del caso Tandanor, pues fue secretario de Planeamiento de Defensa durante la presidencia de Eduardo Duhalde. El gremialista Moreno y el presidente de Tandanor escucharon sin oponerse a la expropiación. Las condiciones no negociables impuestas por Moreno fueron: respetar la deuda salarial (5 millones de pesos) contraída por la empresa tras la quiebra, continuidad del Programa de Propiedad Participada y estabilidad de los convenios colectivos de trabajo. El titular de Tandanor, por su parte, se lamentó por la incertidumbre y aseguró que da pie a sobresaltos financieros que perjudican a la empresa. Un lance directo para la ayuda estatal que el ministro por normas de urbanidad ofertó al empresario.