Pacto secreto aún gobierna el Congreso

Luis Barrionuevo

La Cámara de Diputados tiene un reglamento que dirige todo el entramado político que se juega entre las bancas. Fija también los porcentajes para sesionar o votar y la forma en que se relacionan los bloques. En apariencia, con eso debería bastar para solucionar el trabajo parlamentario. Nada más lejos de lo real.

En la práctica, el Congreso se rige por negociaciones -en la mayoría de los casos, sanas y necesarias para sancionar leyes-, pactos y acuerdos, muchas veces secretos. Quizás el más famoso de ellos es el que nació en 1989 entre el entonces jefe de la bancada radical -que abandonaba el poder en manos de Carlos Menem-, el entrerriano César Jaroslavsky, y el entonces joven mendocino José Luis Manzano.

Escuela

Ese pacto de gobernabilidad y reparto de poder en la Cámara de Diputados surtió tanto efecto que aún sigue teniendo vigencia. Se puede decir que ambos hicieron escuela en el tema. En 1994, con la ayuda de Enrique Nosiglia y Luis Barrionuevo, convirtieron esos acuerdos casi en una doctrina cuando los mismos protagonistas iluminaron el pacto de Olivos.

La regla siempre fue básica: mantener dividida la Cámara entre oposición y oficialismo; debatir, retirarse la oposición y no dar quórum, pelear y romper, pero siempre para la televisión. En la intimidad, primaban los acuerdos. En cierta forma ese sistema salvó muchas crisis, pero nunca hubo una noción clara de qué estaba en juego en cada cruce. La matriz fue tan exitosa para controlar el Congreso que la mantuvieron en práctica todos los herederos que siguieron a esos dos jefes de los bloques peronista y radical.

Una prueba de la supervivencia hasta la actualidad del pacto Manzano-Jaroslavsky para administrar el poder en Diputados entre peronistas y radicales -en esto nunca importó la distinción entre kirchneristas o menemistas, alfonsinistas o federales-se vio este miércoles cuando Diputados decidió nombrar a los tres auditores generales. La necesidad del recambio se justificó en que los cargos de los actuales -Mario Fadel, César Arias y Horacio Pernasetti-estaban vencidos. En su lugar se le renovó el cargo al radical Pernasetti y subieron como nuevos miembros de la Auditoría General por el kirchnerismo Oscar Lamberto -diputado saliente-y Vicente Brusca. El ARI denunció inmediatamente que recurriría la decisión a la Justicia por no haberse hecho las designaciones después del 10 de diciembre, cuando asumiera la nueva Cámara.

En realidad, podrían haberse hecho en esa fecha, pero había intereses comunes en el peronismo y el radicalismo para apurar el trámite. Para el PJ era mejor liquidar ahora los nombramientos y no quedar a merced de una nueva discusión cuando asumieran los diputados electos, que son nada menos que la mitad de la Cámara.

A cambio del voto radical, entonces, ofrecieron convalidar también tempranamente a Pernasetti, evitándole a la UCR el tener que lidiar en diciembre con el ARI por ese puesto en la Auditoría, cuando los seguidores de Elisa Carrió reclamen ser la segunda fuerza en el Congreso y, por lo tanto, ese cargo en la AGN.

Resultado

El pacto volvió a funcionar a la perfección: los tres nuevos auditores se aprobaron por 146 votos contra 3. El resultado fue inapelable, inclusive cuando el propio presidente del radicalismo, el jujeño Gerardo Morales, bramaba desde su despacho en contra de cerrar ese acuerdo con el kirchnerismo.

Las consecuencias quedaran ahora en manos de la Justicia. El ARI confirmó ayer que se presentará en Tribunales para impedir que asuman los tres funcionarios designados al considerar que el kirchnerismo y la UCR se pusieron de acuerdo para «repartirse los cargos». Ingenuos, los aristas no advirtieron que esa ley es la que rige al Congreso desde hace casi 20 años: «Entre la UCR y el kirchnerismo acordaron repartirse los lugares dentro de la Auditoría General de la Nación, es un atropello», protestaron ayer, cuando ya era tarde.