Papeleras: ahora denunciarían a Argentina ante Tribunal Mercosur

Política

Se agravaron más las relaciones con Uruguay en torno al conflicto por la instalación de las papeleras, aunque la Argentina no ha tomado la cuestión como un tema nacional. Después del anuncio de recurrir al tribunal de La Haya, el gobierno de Tabaré Vázquez amenaza con demandar ante el Mercosur a la Argentina si continúan los bloqueos de rutas. Los ambientalistas vuelven hoy a demorar el paso en Gualeguaychú y se resisten a frenar las protestas. Jorge Busti avanza con un proyecto de ley que permita que el gobierno demande a Uruguay ante la Corte Internacional, aunque resulta más moderada la postura uruguaya de acudir primero a la instancia del Mercosur.

Uruguay consideró «grave» ayer que la Argentina recurra al tribunal de La Haya para que dirima el conflicto desatado por la instalación de plantas de celulosa frente a la costa entrerriana. De acudir a esa instancia, sin embargo, las fábricas se podrían instalar mientras se resuelve la cuestión, trámite que tardaría de tres a cuatro años, al menos. Inclusive las empresas anunciaron que continúan con el emplazamiento porque no hay medida que lo suspenda. Mientras Jorge Busti aseguró que hoy enviará el proyecto de ley a la Legislatura para dar curso al trámite de recurrir a los tribunales internacionales. Desde Uruguay, como réplica al anuncio argentino, se amenazó con recurrir a los tribunales del Mercosur si continúan los bloqueos.

El conflicto con el país vecino subió así los decibeles, mientras el gobierno argentino no acierta con una solución.

El gobierno uruguayo consideró que el tema debe ser solucionado a nivel del Mercosur ya que estimó que ir a La Haya es un paso «grave, porque hay gestiones en marcha» y «coloca el tema en una situación inédita hasta ahora» e implica «desconocer la institucionalidad del Mercosur», según el canciller uruguayo Reinaldo Gargano.

El canciller uruguayo de todos modos afirmó que el gobierno de
Tabaré Vázquez está «convencido» de que va a «ganar el litigio» si llega a la Corte Internacional de La Haya. Gargano denunció que en la Argentina «se ha sembrado una política de amenazas y de terror» acerca de las consecuencias sobre el medio ambiente que implicaría la instalación de las papeleras. Dijo que, tras una conversación con Vázquez, «Uruguay reitera su posición de defender la soberanía y caminar con firmeza y equilibrio mental». Gargano aseguró que Uruguay no violó tratados internacionales y destacó que el gobierno de Tabaré Vázquez «está muy tranquilo y va a mantener la postura equilibrada».

Por otra parte el diplomático señaló que
un posible litigio ante La Haya puede costar «millonadas» y durar diez años.

«Lo que hay es un planteo público de Busti en cuanto a que el gobierno argentino actuaría a requerimiento del gobierno provincial, pero no tengo la decisión oficial», explicó el canciller uruguayo al referirse al anuncio del gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti.

• Aval

El mandatario, el miércoles, aseguró contar con el aval de Néstor Kirchner para recurrir (con un proyecto de ley mediante, que lo permita) a los tribunales internacionales. De todos modos, Gargano confió que el ministro Jorge Taiana le había adelantado que el gobierno estaba estudiando esa posibilidad.

La comunicación de Busti causó malestar en Uruguay, que considera que antes está el bloque del Mercosur para dar una opinión sobre las plantas de celulosa que están siendo construidas en Fray Bentos por las empresas finlandesa Botnia y la española ENCE, sobre el río Uruguay, a un costo estimado en u$s 1.800 millones.

Gargano también recordó que
hay un grupo técnico binacional que debe entregar su informe el 30 de enero. En tanto en el país se sostiene que las plantas causarán un grave impacto ambiental en el río Uruguay -frontera con la Argentina- y en la región, mientras que para Néstor Kirchner la controversia se acota a un tema ambiental. «Recurrir a La Haya importaría desconocer una institucionalidad que hemos creado en el Mercosur, con las consecuencias políticas que esto trae, porque hay gente interesada en destruir todo lo bueno que ya se ha hecho en el proceso de integración», advirtió el ministro de Relaciones Exteriores.

Para fundamentar su posición, afirmó que
«hay un acta de la Comisión Administradora del río Uruguay que dice que la instalación de las plantas no lo afecta y a su funcionamiento normal en lo que es la administración del mismo por parte de la comisióntécnica mixta del río».

Por su parte, el embajador uruguayo en Francia, Héctor Gross Espiel -un experto en derecho internacional- ante una radio de su país explicó que una sentencia de la Corte de La Haya «puede tardar 4 o 5 años, y si no hay una sentencia interlocutoria y cautelar que lo impida, Uruguay podrá continuar con la construcción de las plantas».

• Extrañado

El embajador a la vez se mostró «extrañado» de que el planteo lo haga un gobernador y no las autoridades federales.

De parte de las empresas, el vocero de Botnia en Uruguay,
Carlos Faroppa, afirmó que «las obras continúan», porque el anuncio no implica paralizar el trabajo de construcción de las plantas.

«Debemos actuar con prudencia y esperar qué pasa en las próximas horas, éste es un tema muy delicado para ambos países», subrayó Faroppa.

A pesar de la «sorpresa» que causó en Uruguay el anuncio de recurrir a tribunales internacionales, Gargano aseguró que «no tenemos temor de ir a La Haya porque tenemos razón».

En cambio, la idea de Busti, entre los ecologistas argentinos, fue considerada para estudiar el cese de los bloqueos a tres puentes con Uruguay. De todas maneras está previsto
para hoy un nuevo corte en el puente entre Gualeguaychú y Fray Bentos.

En tanto, 11 camiones cargados con materiales para la planta de celulosa de Botnia seguían retenidos en el puente limítrofe Colón (Argentina)Paysandú (Uruguay).

Busti, en declaraciones radiales, mostró ayer la intención de conversar con la Asamblea Ambiental para intentar que dejen de lado los cortes de ruta y
«buscar nuevas formas de protesta».

«Estamos haciendo lo que marca el Estatuto del río Uruguay, que claramente establece cuáles son los procedimientos cuando un país hace quiere hacer obras que puedan tener en efecto transfronterizo y el que también dice que si hay una controversia hay que concurrir a La Haya», justificó ayer Busti.

Busti explicó que
la iniciativa de recurrir a la Corte Internacional quedará habilitada formalmente luego del lunes próximo, cuando finalice el plazo de 180 días establecido para el trabajo de la Comisión Binacional de la Argentina y Uruguay para estudiar el impacto ambiental que traerían las papeleras. «Como este camino de negociación no dio resultado, entonces se produce la controversia», dijo en relación con la posibilidad certera de que la comisión emita dos dictámenes separados y contrapuestos.

El entrerriano se reunió ayer con intendentes de la oposición para analizar el conflicto y luego con ministros del gabinete provincial y legisladores.

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