Papeleras: ambientalistas de Gualeguaychú decidieron volver a los cortes

La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú decidió esta noche volver a cortar los pasos fronterizos con Uruguay, tras un informe del Banco Mundial que avala la instalación de pasteras en el vecino país.

Los ambientalistas decidieron en asamblea que retomarán las medidas de fuerza el próximo viernes a las 12:00 y que las mismas, en principio, se extenderán hasta el domingo a las 18:00.

"El pueblo queda y los gobiernos pasan", sostuvieron durante la reunión realizada en el Teatro Argentino de Gualeguaychú, donde, cerca de las 22:40, se decidió retomar los cortes de ruta.

La medida, que provocó graves desencuentros con el gobierno de Tabaré Vázquez durante el primer trimestre del año, fue defidida luego de conocerse que el BM decidiría el otorgamiento de créditos y garantías por un monto total de 600 millones de dólares a la empresa Botnia para la instalación de la planta en Fray Bentos, informó la prensa uruguay.

A lo largo del día, ecologistas habían advertido que seguirían "usando las rutas" las veces que lo consideren necesario para impedir la instalación de las pasteras en Fray Bentos y señalaron que Gualeguaychú es "un polvorín", poniendo en alerta a los gobiernos argentino, uruguayo y entrerriano.

La planta de celulosa Ence, de capitales españoles decidió su traslado desde la vera del Río Uruguay a otro lugar del país vecino, pero Botnia mantuvo las obras en su instalación y ahora parece que recibirá un espaldarazo del Banco Mundial.

El ambientalista Daniel Pérez Molemberg destacó que en Gualeguaychú están "amargados" por las versiones de que un informe del BM sería favorable a la instalación de las pasteras.

El dirigente había adelantado en declaraciones a radio Rivadavia que "si esto se confirma", los asambleístas volverán "a la ruta, porque eso es lo que se está barajando".

"Otro punto en el que quiero hacer hincapié es que no existen conversaciones entre ambos países. Yo les diría a los gobiernos que no jueguen con la estabilidad emocional de la zona, ya que los ánimos están muy caldeados", advirtió.

En Uruguay, Entre Ríos y Buenos Aires ya manifestaron su preocupación, tras el planteo de Montevideo ante el tribunal ad hoc de controversias del Mercosur por los bloqueos realizados durante 45 días este año en pasos fronterizos.

"Estoy convencido de que el gobierno de la República Argentina va a contribuir a que no se deterioren el Mercosur ni la relación entre los dos países. (...) Hemos realizado todas las gestiones en el marco de un nivel de discreción total, como deben hacerse en este plano", sostuvo el canciller uruguayo Reinaldo Gargano.

El gobernador entrerriano, Jorge Busti, también indicó que los cortes no son la estrategia más conveniente al país y lo mismo dejaron trascender fuentes de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, a cargo de Romina Picolotti.

La entrega de los créditos se efectivizaría a partir del 14 de noviembre por 150 millones de dólares, junto con un aumento en las garantías para la inversión en la planta por un monto que podría pasar de 300 millones a 450 millones de dólares, informó el diario el Espectador de Uruguay.

Las inversiones se ejecutarían en dos operaciones que el Banco Mundial maneja a través de sus filiales, la Corporación Financiera Internacional (CFI) y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA, por su sigla en inglés).

Los pasos para la concesión de créditos y garantías comenzarán con la publicación, este jueves, del informe del impacto ambiental acumulado de la CFI, que será analizado por la consultora Hatfield, la que analizará si se cumplieron 70 recomendaciones que pidió en abril.

Luego el proyecto deberá ser considerado por los directorios de ambos organismos, aunque deben transcurrir 30 días desde su publicación que se cumplirán el 14 de noviembre.

La CFI otorgaría créditos propios por entre 80 y 90 millones de dólares, según El Espectador, y luego avalaría otra línea de un grupo de bancos internacionales por entre 60 y 70 millones.

Las garantías, que corresponden al MIGA, son indispensables para que las empresas inversoras puedan obtener financiamiento de bancos internacionales y alcanzarían los 450 millones de dólares.