Papeleras: Argentina pidió a eurodiputados frenar financiamiento europeo para obras

Una ONG argentina, apoyada por el gobierno de su país, pidió en Bruselas a eurodiputados actuar para impedir el financiamiento con fondos públicos europeos de la construcción de dos papeleras en Uruguay, objeto de litigio entre los gobiernos de Buenos Aires y Montevideo.

Idéntico planteo se formuló ante representantes de los bancos Credit Lyonnais y Nordea, involucrados en el financiamiento de las plantas de celulosa que construyen en territorio uruguayo junto al fronterizo Río Uruguay las empresas española Ence y finlandesa Botnia.

"Les pedimos que no sean financiadas con fondos públicos y de bancos europeos empresas que tienen dobles estándares", dijo el miércoles Romina Picolotti, del Centro de Derechos Humanos y Ambiente, tras reunirse la víspera con las eurodiputadas italiana Mónica Frassoni y finlandesa Satu Hassi.

Durante los encuentros, Picolotti presentó a las parlamentarias de los Verdes (ecologistas) el planteo que Argentina llevó a la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) para frenar la construcción de las papeleras, como parte de la estrategia financiera para cortar el acceso a fondos de Botnia y Ence.

En las entrevistas, Picolotti criticó además con dureza la "actitud poco cautelosa" del comisario europeo de Comercio, Peter Mandelson, quien envió una carta al Banco Mundial pidiendo desbloquear cuanto antes los créditos que pensaba entregar a Ence y Botnia, algo a lo que se negó el organismo financiero internacional.

"Botnia y Ence no están utilizando las mejores tecnologías posibles y no serían autorizadas a construir esas plantas en Europa. La Unión Europea no puede, o no debería, desconocer lo que ocurre en el Río Uruguay", afirmó Picolotti en una conferencia de prensa en la sede de la Embajada argentina ante la UE.

"Jamás en Europa una empresa estaría construyendo una planta así en un río transfronterizo sin tener un estudio impacto ambiental", insistió, hablando de "una situación de ilegalidad".

Según la activista, las eurodiputadas, que estaban al tanto de la cuestión, se comprometieron a estudiar el caso y eventualmente plantear "algún tipo de acción parlamentaria" para sostener la demanda argentina de tener un estudio de impacto ambiental preciso antes de continuar con la construcción de las papeleras.

En cuanto a los encuentros previos con los representantes de los bancos Credit Lyonnais y Nordea, Picolotti calificó de "muy buenas" ambas reuniones, indicando que la segunda de las entidades bancarias se había mostrado "muy inquieta por la actual situación incompatible con el derecho internacional vigente".
En efecto, Argentina sostiene que Uruguay violó un tratado bilateral al autorizar la construcción de las plantas en la vera uruguaya de un río fronterizo de administración compartida. Buenos Aires afirma que el río será contaminado cuando las plantas comiencen a funcionar a fines de 2007.

Se aguarda que la CIJ se pronuncie a fines de junio sobre el pedido de una medida cautelar para que el gobierno uruguayo ordene detener las obras hasta que se realice un estudio de impacto ambiental.

Las plantas se levantan cerca de Fray Bentos (300 km al noroeste de Montevideo), frente
a la ciudad argentina de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, donde se realizaron protestas y cortes de ruta contra las obras.