Papeleras: Cristina no logró que cesen cortes
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Para el gobierno se trata de un nuevo fracaso en su argumentación contra los bloqueos fronterizos; y, para los entrerrianos, la negativa oficial reduce su margen de acción contra la actividad de la pastera.
«La Asamblea seguirá con sus acciones y presentando propuestas al gobierno», intentaron justificar tanto los abogados como los dirigentes Gustavo Rivollier, Víctor Rebossio, Luis Leissa y Juan Veronessi, que llegaron a Buenos Aires como delegados de la ciudad que batalla desde hace tres años contra la presencia de la compañía finlandesa a orillas del río Uruguay.
Escoltada por Alberto Fernández, la secretaria de Ambiente, Romina Picolotti; el canciller Jorge Taiana; el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zanini, y el senador Pedro Guastavino, la ex senadora sólo interrumpió el largo convite para solicitar sus lentes «para ver de cerca la letra chica». «La batería de reclamos presentada por los entrerrianos no tiene viabilidad jurídica», dijo un funcionario de la Secretaría de Ambiente.
Según los asambleístas, Cristina Fernández de Kirchner dijo «no compartir» el análisis jurídico que ellos hacen del Código Aduanero para evitar que desde la Argentina se envíen suministros a la pastera. En ese documento, además, los representantes de la asamblea insistieron en la convocatoria a manifestar al puente para el último domingo de abril, fecha tradicionalde demanda contra Botnia y el gobierno uruguayo. El encuentro con los entrerrianos -el primero durante la gestión de Cristina- se produjo en un contexto diferenciado del que debió enfrentar sin éxito su marido, tanto cuando viajó a Gualeguaychú para declarar «causa nacional» la lucha contra la contaminación, como cuando los recibió (brevemente) en su despacho.
Esta vez la situación presenta dos condimentos nuevos: la interlocutora fue la Presidente y los planteos se producen con la pastera ya funcionando.
En la antesala del encuentro, los asambleístas habían ratificado su postura de no acatar un eventual fallo adverso de la Corte Internacional de La Haya, que evalúa si Uruguay violó el tratado del río fronterizo, y que tampoco levantarían los cortes, aunque Cristina de Kirchner se los solicite.
Entre los principales reclamos, plantearon no sólo el Código Aduanero sino la relocalización de la planta, y que se siga denunciando la violación del Estatuto del río Uruguay.
Este último punto fue, en definitiva, el único argumento en que las partes parecieron acordar. Antes de abandonar la sede de gobierno, los asambleístas dejaron abiertas dos vías de diálogo con la administración nacional: una a través de la Secretaría de Legal y Técnica, y otra canalizada por la Cancillería destinada a avanzar en el pedido para que los gualeguaychenses que posean nacionalidad europea puedan tramitar una demanda contra la empresa finlandesa en tribunales del Viejo Continente.
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